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ASUNCIÓN.- El senador electo Nicanor Duarte Frutos asegura que le mueve el cumplimiento de la Ley, “que no busco de ningún modo la violación de la Constitución Nacional, como lo dicen aquellos que usan la figura de la senaduría vitalicia para matar políticamente”. Destacó que “no juró hasta el momento, víctima de la chicanería jurídica de gente que no tiene ningún argumento”. El presidente del Senado, Silvio Ovelar, aseguró que “solo falta que el cuerpo legislativo actúe en el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria”. Sus dudas fueron disipadas con los últimos informes de la Justicia Electoral y de la jueza María del Carmen Novais.
El impedimento fue urdido por el senador Fernando Lugo Méndez durante su gestión al frente del cuerpo legislativo, alegando que la pretensión de Duarte Frutos riñe contra la Carta Magna. Al respecto, Nicanor admitió que existen varias interpretaciones sobre la viabilidad de su asunción al cargo de senador activo “y ante esta situación, fue la Corte Suprema de Justicia fue la que interpretó que debo asumir”, destacó.
Entiende que sobre esta circunstancia “el cargo que ocupa Mirta Gusinky en su reemplazo es ilegal”.
Asegura que es víctima de chicanas de gente que utiliza la senaduría vitalicia para matar políticamente a las personas”. Agregó que “si hasta este momento no he jurado como parlamentario es por una chicanería absolutamente jurídica de gente que no tiene ningún argumento”. Insistió en que hasta este instante ningún parlamentario ni abogado aportó un solo argumento jurídico válido, “todas son posturas políticas”, indicó.
Apuntó que “nadie puede ordenar, obligar a que una persona acepte un cargo, eso no existe, no es constitucional”, haciendo referencia a la senaduría vitalicia y reitero que “usan esta figura de la senaduría vitalicia para matarme políticamente”
Nicanor Duarte frutos fue electo en las internas coloradas de diciembre del año pasado como miembro de la lista de candidatos de la ANR para la Cámara Alta. Ingresó a la lista, fue electo pero los legisladores de la oposición sostienen que es un acto inconstitucional.
