ADN Digital
El diputado José María Ibáñez, perteneciente al sector “Añetete” del Partido Colorado, hace tiempo tenía que haber renunciado al cargo o ser sometido a la pérdida de investidura por parte de sus colegas. Esto debió suceder a fines del 2013, apenas se conoció que tres empleados de su quinta percibían sueldos de la Cámara Baja, que no conocían siquiera por fotos. Sin embargo, no pasó ni una cosa, ni la otra. Siguió ocupando su banca a lo largo del 2014, el 2015, el 2016, el 2017 y, el pasado 22 de abril, fue reelecto por otros 5 años. ¿Por qué entonces estalla ahora este repentino ataque de moralidad por parte de algunos ciudadanos? ¿Acaso creen que este tema es el más grave en materia de corrupción pública? ¿Se habrán preguntado en algún momento el motivo de la indignación con uno y de absoluta complacencia con otros?
Vayan dos botones de muestra. El 14 de marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político al contralor General de la República, Enrique García, imputado por “producción de documentos públicos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso”. Los antecedentes guardan relación con un fenomenal “clavo” que le dejó a la Municipalidad de Asunción, de más de 3 millones de dólares a favor de la empresa Ivesur, cuando se desempeñaba como director jurídico de la administración que encabeza el intendente Mario Ferreiro.
Hablamos del contralor, de quien debe velar por la transparencia en el manejo de la cosa pública, de lo que es tuyo, nuestro, de toda la ciudadanía, devenido en un vulgar zorro al cuidado del gallinero. Y también hablamos de un procedimiento aprobado en la Cámara Baja, pero que después de eso no se movió un solo milímetro, quedando simplemente en el olvido.
Este hombre, García, está acusado por a la Fiscalía de haberle “comido” a los asuncenos, no 20 o 30 millones de guaraníes, sino ¡3 “palos verdes”!, restando saber cuál fue la participación de Mario en el chanchullo, si es que tuvo alguna. Y casi 5 meses después, sigue ejerciendo con total tranquilidad un cargo del cual, con toda certeza, saldrá con un patrimonio muy distinto al que poseía al momento de ser nombrado.
Segundo ejemplo, siempre ligado a cuestiones que tienen como escenario Asunción, en donde se efectúan estas protestas “anti-Ibáñez”. La Municipalidad, otra vez ella, está denunciada por un presunto negociado multimillonario, además de inconstitucional, consistente en la tercerización de los servicios de catastro y cobro del impuesto inmobiliario, bajo el ropaje de una “consultoría”. En esta operación, que huele a podrido, la comuna, o sea los asuncenos, declinarán a favor de la empresa tercerizada casi un tercio de todos los tributos que perciba de los nuevos catastrados, lo cual representa sumas siderales. Por eso la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impugnó el procedimiento, pero Ferreiro ya dijo que no le llevaría el apunte y continuará con la “consultoría” a tambor batiente.
Pues bien, ni en el caso del “zorro” que tenemos como contralor, ni del intendente capitalino de proceder sospechoso, a los cuales podríamos agregar una larga lista de hechos aún más graves, estos ciudadanos dijeron una sola palabra. No hubo comunicados, ni arrojaron papel higiénico a sus viviendas, ni le prohibieron la entrada a un restaurante, ni menos que menos solicitaron la expulsión del prestigioso Club Centenario o de la “Aso” de algún colegio “chuchi”, los cuales, por cierto, tienen sus propios ladrones de cuello blanco.
Con esto no decimos que haya que avalar lo actuado por Ibáñez, ni por un solo instante. Lo que señalamos es que los indignados no deben guiarse únicamente por el “ruido” generado desde los medios de prensa, que la copa de los arboles no tiene que impedirles ver el monte, pues mientras combaten el “pique”, los tumores se expanden libremente. Y en ese tren de cosas, hasta los mejor intencionados se convierten en “ñembo” moralistas, no más que eso.