Viernes , septiembre 21 2018
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Ni ellos se entienden

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Si hay un chúmbale que utilizan con bastante frecuencia los opositores, siempre con la anuencia de ABC y Última Hora, es el juicio político. Hubo como 4 intentos de enjuiciar al presidente Cartes, pero ninguno prosperó. Los ministros de la Corte, ministros del Ejecutivo, contralores, fiscales, todo el que ocupa un cargo en el cual figura que puede ser enjuiciado por el Congreso recibió alguna amenaza al respecto cada vez que hizo algo que no respondió a los intereses de un sector que vive pataleando por obtener o conservar sus beneficios particulares.

Cada vez que se criticaba la ligereza con la que utilizaban la figura del juicio político (quisieron utilizarla hasta con el fiscal general que ya estaba de salida) ellos responden indignados y espantados que es un derecho y una prerrogativa constitucional; algo así como que “los vamos a enjuiciar porque podemos hacerlo”.

Y en eso tienen absoluta razón. La Constitución dice que las cámaras del Congreso someterán a juicio político a una serie de altos funcionarios del Estado, Diputados como acusadora y el Senado como juzgadora. Es más, si se utilizara con seriedad, este debería ser un recurso que pesara mucho en los gobernantes a la hora de planear alguna acción ilegal.

Pero como, en realidad, para lo único que ha servido la mayoría de las veces fue para amenazar a quienes molestan a los intereses sectarios, al final nadie ya cree que puedan concretarlo en algún momento. Es que para poder convertir en realidad el chúmbale, necesitan una mayoría calificada que no tuvieron, no tienen y, todo parece indicar, no tendrán.

Ah, pero la cosa cambia cuando los que quieren someter a un funcionario a juicio político son los colorados. Allí sí la cosa pierde sentido y no es más que una jugarreta sucia de la ANR para quedarse con el manejo de órganos fundamentales para el manejo de la República. No importa la acusación que hay en contra del contralor general, Enrique García. Ellos no quieren saber nada de que se lo juzgue en el Parlamento, y no por el cuento ese de que su lugar será ocupado por un colorado, sino, sencillamente, porque la bancada oficialista sí tendrá mayoría para iniciar el proceso en Diputados, algo que ellos jamás pudieron conseguir.

Hasta ABC, que aplaudió con los pies el intento de enjuiciamiento a Díaz Verón, cuando este ya no figuraba ni a los premios, y que, como ciudadano común, puede ser investigado, imputado, procesado y castigado como Juan Pueblo, ahora advierte escandalizado el operativo colorado para quedarse con la Contraloría, algo que, en doctrina, debe ser cupo de un partido que no esté en el poder.

Hay muchos argumentos de peso para que la Cámara de Diputados pida el enjuiciamiento de García y apruebe el libelo acusatorio en contra suya, y para que el Senado se convierta en tribunal y lo saque del cargo. Porque, ojo, esa es la única forma de echarlo, salvo que pese en contra suya una condena judicial, algo para lo que falta bastante ya que el proceso apenas está comenzando. Y si, además, quienes quieren hacerlo tienen la mayoría necesaria para conseguir el objetivo, no hay ningún motivo por el cual tengan que renunciar a la idea, solamente por no molestar a los opositores y los diarios “amigos”.

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