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ASUNCIÓN. El objetivo fundamental de la Comisión Permanente del Congreso, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Nacional, es que el Parlamento jamás deje de funcionar, ni siquiera durante el receso que va desde el 21 de diciembre de un año hasta el 1 de marzo del siguiente.

Sin embargo, quienes este año integran la CPC no parecen ser muy afectos al trabajo ya que desde que asumieron oficialmente, el 21 de diciembre, y hasta el 14 de enero, no tienen intención de mover un dedo. La excusa es que no hay nada urgente y si ocurre algo que requiera una atención inmediata se autoconvocarían de manera urgente.

Esto no es tan cierto, ya que hay temas que debieran ser definidos antes de que se reinicie el período en marzo, como la modificación a la Ley de Financiamiento Político, que establece la trazabilidad del dinero en las campañas electorales; tema que si no se trata en las siguientes semanas, no podrá ser aplicado en las internas de julio próximo. De todos modos, podría ser justamente ésta la causa por la cual la CPC no convoca a las cámaras, puesto que las bancadas mayoritarias no están de acuerdo con el tema y pretenden postergarlo hasta el 2023.

Además, están algunos pedidos de intervención municipal, como el caso de la administración del intendente de Concepción, reclamado por el presidente Mario Abdo Benítez, y el informe final de la intervención realizada en Benjamín Aceval; en ambos casos la comisión debería convocar a sesión extra a la Cámara de Diputados.

La verdad es que la displicencia y haraganería de los integrantes de la comisión lo que demuestra es que la misma no sirve para mucho y que en una próxima convención constituyente se debería optar por otro sistema de guardia en el Parlamento, o bien, eliminar el largo receso parlamentarios, que podría ser de solamente un par de semanas o, como mucho, un mes.