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Dos expresidentes de la República se hallan envueltos en lo que puede convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de toda la etapa democrática. Ellos son Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo Méndez, responsables de suscribir contratos con la petrolera estatal venezolana (PDVSA) para la compra de gasoil, violando groseramente lo establecido en el “Acuerdo de Caracas” -que tiene rango de Tratado Internacional- y ocasionando un enorme perjuicio económico a la Nación. Mientras el “Acuerdo” fijaba un interés del 2% sobre la deuda adquirida, sea de corto, mediano o largo plazo, en los contratos que firmaron elevaron la tasa 9 veces más, es decir al 18%, además de comprometerse a pagar precios que estaban muy por encima del mercado, por un producto de malísima calidad. Nicanor ayer hizo un “tour” por todos los medios de prensa que le fue posible, pero “ijapu”, en tanto que Lugo sencillamente “okañy”.
Apelando a sus habilidades retóricas, Duarte Frutos aplicó la política del “Tero”, que pone los huevos en un lugar y hace mucho ruido en otro, para confundir a los potenciales predadores. Se rasgó las vestiduras desmintiendo que durante su gestión haya quedado alguna factura pendiente de pago, como publicaron los medios y retó a medio mundo a que muestre un solo documento, so pena de jubilarse como político y renunciar a Olimpia si así lo hicieren.
Al margen de que aparecieron facturas impagas por valor de 21 millones de dólares, ese tema está muy lejos del principal, de donde en realidad “puso los huevos”, que son los contratos leoninos y antinacionales que en su época suscribió Petropar con PDVSA de manera completamente ilegal, ya que en nuestro ordenamiento jurídico, un Tratado entre dos Estados está infinitamente por encima de un contrato entre dos empresas y apenas un escalón por debajo de la Constitución Nacional.
Lugo, a su estilo, no dio la cara. Ni siquiera tuvo la capacidad de responder a tan graves acusaciones con alguna mentira, como lo hizo su antecesor. Y es que su caso es aún peor que el de Nicanor, porque mientras éste suscribió contratos por valor de US$ 87 millones, en las condiciones ya descritas, él lo hizo por… 181 millones de dólares, no pagó casi nada del capital durante más de tres años, sí los intereses usurarios, y se preparaba para dar el zarpazo final: renegociar el total de la deuda en los “paraísos” fiscales, por medio de un banco “offshore” de las Islas Caimán, tal como indica el preacuerdo al que había arribado con la petrolera venezolana.
Resulta por demás evidente que estamos ante un caso de corrupción monumental, que en términos proporcionales es similar o mayor al escándalo en la brasilera Petrobras, conocido como “Lava Jato”, por el volumen de dinero del que estamos hablando y porque tiene como principales responsables nada menos que a dos expresidentes.
Como venimos sosteniendo desde que se hizo público el tema, “el combustible se encargó, se recibió, se vendió y la cuenta no se pagó. La pregunta es entonces ¿y dónde está el dinero?
Es eso lo que deben investigar tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República. Sería inadmisible que haya una pizca de impunidad para los culpables de dejar un clavo de casi 180 millones de dólares a todos y cada uno de los paraguayos y que, los muy cara duras, encima quieran volver a ser presidente, cuando el lugar que les corresponde no es el Palacio de López, sino la cárcel.