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Nicaragua recorta su presupuesto por la crisis y afecta la inversión pública

Una manifestante porta un cartel durante una de las marchas contra el presidente Daniel Ortega.
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El gobierno de Nicaragua recortó 186.3 millones de dólares su presupuesto de gastos para este año, un 1,3% de su PIB, en medio de su crisis sociopolítica más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado. La enmienda, enviada con carácter urgente por el presidente Daniel Ortega, afecta, principalmente, los programas de inversión pública, las carteras de salud y de educación, y las transferencias a los municipios.

MANAGUA.- El corte presupuestario obedeció a una menor recaudación de los ingresos tributarios de hasta un 9,2%, y a una reducción de las donaciones y de los desembolsos de préstamos externos, explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien hizo una presentación ante el plenario antes de su aprobación.

El funcionario indicó que las protestas contra el gobierno de Ortega, iniciadas el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social que han dejado centenares de muertos, también ocasionaron un grave daño a la economía, sobre todo en sectores de turismo, comercio y transporte.

La actividad turística tendrá una reducción de ingresos de 231 millones de dólares este año, dijo.

En tanto, hasta ahora registran el cierre de 8.708 empresas, en su mayoría micro y pequeñas que dejaron sin empleo a unos 71.012 trabajadores del sector formal y a 119.567 en total.

Pese al recorte presupuestario, el ministro de Hacienda sostuvo que están seguros los 130.000 empleos del sector público que incluyeron en el presupuesto inicial.

El presupuesto general de gastos de 2018 pasó de 2.745,8 millones de dólares a 2.559,5 millones de dólares, 186,3 millones de dólares menos y apenas un 0,9% más respecto al de 2017.

En tanto, el presupuesto general de ingresos se redujo en 235,2 millones de dólares, un 9,2% menos del presupuesto inicial aprobado y menor en un 0,7% al de 2017.

Asimismo, reportó pérdidas por 525 millones de dólares en el sector transporte, incluyendo infraestructura.

Algunos de los sectores más perjudicados son el Programa de Inversión Pública, con 129,5 millones de dólares menos; el sanitario, que perderá 26,6 millones de dólares; la transferencia a los municipios, con 23,6 millones de dólares; y la educación, cuyos ingresos mermarán en 19,7 millones.

Para “compensar en parte la caída de los ingresos de recaudación y la política de protección del empleo”, y apoyar el déficit de liquidez que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Parlamento autorizó a Hacienda a buscar mayores fuentes externas de financiación y a emitir bonos hasta por un monto de 280 millones de dólares.

Durante el debate, el diputado y presidente del Partido Conservador, Alfredo César, consideró “insuficiente” ese recorte y no descartó un nuevo ajuste en el último trimestre de este año.

COLOMBIA RECHAZA DECLARACIONES DE ORTEGA EN MEDIO DE LA CRISIS

Miles de nicaragüenses participaron este miércoles en la marcha nacional por los presos políticos.
Miles de nicaragüenses participaron este miércoles en la marcha nacional por los presos políticos.

El gobierno de Iván Duque, rechazó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que aseguró que Colombia puede estar respondiendo a “intereses golpistas” en la crisis que atraviesa su país.

Los dos países mantienen un pleito por límites marítimos que, según Ortega, puede llevar al gobierno colombiano a meterse de lleno en “una conspiración golpista” atendiendo a un ofrecimiento de las fuerzas opositoras nicaragüenses que exigen su renuncia hace casi cuatro meses.

“Colombia rechaza las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que Colombia tiene intereses golpistas en la crisis política que afronta su país”, afirmó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en una declaración pública.

El gobernante nicaragüense insinuó que a cambio de su apoyo, “los golpistas” pueden estar “ofreciendo a Colombia” anular un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, que fijó los límites marítimos en el mar Caribe, y que Bogotá aún no reconoce.

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