miércoles , noviembre 20 2019
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No es una decisión de cuatro presidentes

El presidente Mario Abdo Benítez sorprendió ayer con un mensaje en las redes sociales anunciando que “con miras a una mejor disposición del dinero de todos los paraguayos, y de conformidad al derecho internacional, los Pdtes. de países del Mercosur decidimos suspender la próxima elección directa de Parlamentarios del Mercosur. El dinero ahorrado será destinado a la inversión social”. Nadie tiene por qué dudar, a priori, de los fines altruistas de la referida determinación y menos aún del consenso social que existe al respecto, pero sí de su legalidad, pues no vivimos en regímenes monárquicos en los cuales los reyes toman decisiones “per se”, sino en repúblicas constitucionales en las que éstas recaen en sus respectivos Congresos.

El canciller Luis Alberto Castiglioni informó a la prensa que la resolución se basa en lo que estipula el artículo 57 de la Convención de Viena, según el cual “La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada: a) Conforme a las disposiciones del tratado; o b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás Estados contratantes”.

Es casi una cuestión de sentido común y, repetimos, necesaria, pues a juzgar por los resultados, es dinero que se está arrojando todos los años directamente al inodoro. Pero “los Estados” no son sus presidentes. Ése es el problema que no tomaron en consideración ni “Marito”, ni su Canciller y no sabemos si tampoco los otros presidentes que conforman el Consejo del Mercosur.

Los Tratados son aprobados, rechazados o modificados por los Congresos, en este caso de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, no por Abdo, Macri, Tabaré y Bolsonaro. Ellos no pueden “decidir suspender” nada de lo que se halla establecido en el protocolo que suscribieron las partes, como el referido al Parlasur. A lo sumo pueden decidir poner a consideración del Poder Legislativo de sus países el proyecto en cuestión y bregar por su aprobación. Más nada.

Los 4 países acordaron, en el 2005, que el Parlamento del Mercosur “estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado Parte y las disposiciones del presente Protocolo”. Esto se halla estipulado en el artículo 1 del capítulo referido a su constitución. En consecuencia, la aplicación de lo “decidido” por los presidentes, supone la revisión del Protocolo, y esta, de los Congresos.

Es probable que lo informado por Abdo y Castiglioni se trate de un afán desmedido por ponerse a la cabeza de las aspiraciones de vastos sectores de la sociedad y así sacar los mayores réditos políticos. Esto es comprensible, pero no si se hace a costa de lo que establecen las normativas, como sucedió en esta ocasión.

Desde luego que el tema se resolverá en las instancias que corresponde, como manda la Constitución, y hacemos votos para que se hagan las modificaciones que fueran necesarias para evitar gastos innecesarios en ámbitos del Mercosur, en tanto se impulsa la vigorización del bloque regional, que en términos prácticos aporta muy poco a los fines de la integración.

El ahorro sería de 4 millones de dólares año, un monto pequeño, casi simbólico. Pero podría ser, o mejor, debería ser una medida que ponga en marcha un proceso más profundo, que tenga por finalidad acabar con el despilfarro de cifras muy superiores en diversas áreas de la administración pública, cuyo ahorro sí permitiría un plan de inversión social que se traduzca en la disminución de la pobreza.

Por lo pronto, debemos saludar el inicio de un debate que puede ser muy fructífero, con la mira puesta en el fin de los groseros privilegios que casi a diario salen a la luz pública, pero en los marcos legales e institucionales. Eso a lo que nuestros políticos muestran tan poco apego.

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