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ASUNCIÓN.- Pocas empresas movilizan tanta cantidad de dinero como las campañas electorales. En las últimas municipales, los partidos que compitieron recibieron un total de 131.533 millones de guaraníes y hay más de 8.500 millones en gastos irregulares que no pudieron ser justificados. Pero la Contraloría no puede hacer más que recomendar un mejor control al TSJE y “aplazar” a los partidos que no cumplieron.
Cada vez resulta más evidente que se necesita una nueva Ley de Financiamiento Político de manera urgente. No solamente para que los narcotraficantes no puedan seguir financiando las campañas electorales, sino para que se establezcan claras penas para quienes no justifican los aportes y gastos durante el proselitismo.
La Contraloría General de la República entregó al Tribunal Superior de Justicia Electoral el análisis que realizó a la rendición de cuenta de todos los partidos que recibieron subsidio y aportes para la campaña electoral previa a las elecciones municipales de noviembre del año pasado. Y encontró que hay más de 8.500 millones de guaraníes que no fueron justificados o que intentaron hacerlo con facturas truchas.
El informe dice que la ANR no justificó 8.204 millones de guaraníes; el PLRA, 345 millones, y Frente Guasu, 17 millones, sin tener en cuenta que Unace no pudo justificar correctamente casi todos los 5.210 millones que recibió como subsidio o aporte.
Esto no debería ser demasiado raro, ya que tanta cantidad de dinero suele despertar deseos non sanctos en mucha gente. Lo que sí llama la atención es que no hay ningún tipo de castigo para quienes recurren a estas prácticas ilegales.
La Contraloría lo único que hizo fue “sugerir” a la Justicia Electoral que mejore su control de la rendición de cuentas de los partidos y a estos los “aplazó”, como si estuvieran en la escuela y no pudieran pasar de grado. Así que quienes gastaron, quién sabe en qué, esos 8.500 millones de guaraníes podrán mirar para otro lado y continuar tan campantes disfrutando de lo “recaudado” en la campaña electoral.
Lo correcto sería que antes de la convocatoria a las internas para el 2018 ya esté vigente la nueva Ley de Financiamiento Político, porque es obvio que la que está vigente es excesivamente tolerante y permisiva. Pero la experiencia nos dice que no hay nada asegurado. Los legisladores son expertos en dilatar las cuestiones que no convengan a sus intereses particulares o partidarios.
