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La decisión de crear una comisión especial para redactar un proyecto de Ley sobre la pérdida de investidura, muestra que los diputados no solo buscan blindar a Carlos Portillo, sino protegerse ellos mismos ante la posibilidad de que también pudieran tener cuentas pendientes con la Justicia. Walter Harms está de acuerdo con el proyecto de Ley, pero considera que con la comisión se busca dilatar el tema.
ASUNCIÓN.- Son varios los diputados que pueden, en cualquier momento, estar en la situación de Portillo; uno de ellos, por ejemplo, es el mismo presidente de la cámara, Miguel Cuevas, quien está denunciado por lesión de confianza de cuando era gobernador de Paraguarí. Así que lo que realmente hicieron el miércoles pasado, al crear una comisión especial para elaborar un proyecto de Ley que reglamente la pérdida de investidura, fue protegerse a sí mismos ya que, cuanto más dilaten el tema, más se tardará en poder analizar la posibilidad de sacarlos de la cámara.
De hecho, mientras no se someta al liberal a este proceso, no habrá peligro para los demás ya que él es el primero en la lista, puesto que, hasta ahora, su pérdida de investidura fue la única solicitada oficialmente a la cámara.
Harms está de acuerdo con que se redacte un proyecto de ley porque “la pérdida de investidura tiene que tener tratamiento a través de una ley, y no de un simple reglamento interno. Hay que darle la mayor formalidad, el mayor peso legal posible. Por eso es que la gran mayoría queremos que sea a través de una ley y no un simple reglamento interno”.
Sin embargo, reconoció que la creación de una comisión especial para tratar el tema tendría el objetivo de dilatar el proceso pendiente a Portillo y otros legisladores que son investigados por la Fiscalía, y explicó que luego de que este grupo termine de elaborar el proyecto (para lo cual tendrá un plazo de 15 días), el documento tendrá que tener entrada en plenario, girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y recién después de que ésta emita un dictamen, será considerado en una sesión de la cámara, así que la intención de dilatar el tratamiento parece más que obvio.
Justamente, los integrantes de Constitucionales podrían elaborar el proyecto (probablemente sean los mismos que integren la comisión especial), con lo que se ahorraría mucho tiempo y se conseguiría dar una rápida respuesta a la solicitud de expulsar de la cámara a Portillo, primero, y a otros, después.
