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Desde un principio denunciamos que la creación de la supuesta comisión especial en la Cámara de Diputados tenía el único objetivo de dilatar al máximo el proceso de pérdida de investidura que tiene pendiente el liberal Carlos Portillo, para protegerlo a él, en principio, y a otros que están con las barbas en remojo al ser “sujetos de interés” del Ministerio Público.
El pleno le dio un plazo de dos semanas para que presente un proyecto que reglamente la pérdida de investidura, y ya pasó una, sin que, siquiera, los juristas invitados hayan podido ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales: Si debe ser por ley o simple reglamento, si qué autoridad juzgará a los diputados, y si la mayoría que decida debe ser simple o calificada.
Hay varias cuestiones que evidencian que lo único que se pretendió al crear esta comisión fue blindar a Portillo y a los que pudieran venir después, prorrogando la reglamentación del artículo constitucional todo el tiempo posible. De hecho, pareciera que esa fue la decisión de la mayoría, pensando que si cae el liberal, después le seguirían varios y nada podría evitarlo.
En primer lugar, en la sesión en la que se decidió crear esta comisión especial ya se había decidido que la reglamentación vendría a través de una ley, porque la mayoría consideraba que era algo demasiado importante como para que se hiciera solamente a través del reglamento interno, que afectaría exclusivamente a Diputados y no al Senado. Sin embargo, la semana pasada nos encontramos con la sorpresa de que no era así; que hay algunos que siguen peleando la reglamentación interna, así que ni eso está decidido.
Qué entidad será la responsable de juzgar a los legisladores parece algo muy traído de los pelos, puesto que en todo momento se supuso que cada cámara juzga a sus miembros. A pesar de esto, uno de los juristas invitados, Luis Lezcano Claude, pretendió que la atribución sea del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que, con esto, tendría una función que no le da la Constitución Nacional.
Y lo de las mayorías parece ya un chiste. Resulta que la llamada Ley de autoblindaje, derogada recientemente, sufrió el desprecio de la mayoría porque establecía que para condenar a un legislador, la cámara debía tener mayoría absoluta de dos tercios. El argumento de rechazo era que el artículo era inconstitucional puesto que la Carta Magna aclara en qué casos se usarán las mayorías calificadas, y la pérdida de investidura no es uno de ellos.
Por inconstitucional se derogó la ley, y resulta que ahora se discute nuevamente que una mayoría simple es demasiado poco para echar a un legislador y sacarle su banca, así que lo que se necesita es que sea una mayoría calificada. O sea, volverán a hacer inconstitucional la ley.
Si esa era la intención, muy bien podían dejar la de autoblindaje vigente, porque este nuevo proyecto no cambiará nada de lo que allí se establecía. Claro que si así hubiera sido, Portillo ya no estaría en la cámara y otros estarían con las barbas en remojo. Y no es eso lo que quieren quienes apuestan todo a blindar a sus colegas para evitar correr la misma suerte.
Mañana tienen una nueva reunión con juristas. Habrá que ver si consiguen un panorama más claro o reconocerán que no hay ninguna posibilidad de que el martes de la semana que viene esté listo el proyecto. Tal como lo advertimos desde el principio.