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Por qué nosotros y no los culpables

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Ni Efraín, Desirée, Wagner y Rafael; ni Zuccolillo, Vierci, Oscar y Mabel. Claro que no. Ellos, que fueron los promotores de aquel fatídico 31 de marzo del año pasado, siguen dictando cátedras de democracia y de “periodismo independiente”. Ellos, que provocaron la peor crisis política de los últimos años, ni siquiera fueron convocados a prestar declaración por sus reiterados llamados  a la violencia, que finalmente se materializaron con el atraco e incendio del Congreso y la pérdida de una joven vida. Y hoy, a casi un año de aquellos trágicos sucesos, los paraguayos tomamos nota que de nuestros bolsillos saldrán los recursos para reconstruir el edificio del Poder Legislativo, cuando en Justicia correspondería que, como mínimo, de eso se hicieran cargo los políticos, empresarios y periodistas antes mencionados, como autores morales de aquella salvajada que, en términos políticos, no le cabe otra definición más que la de un golpe frustrado.

Con semanas de antelación a dicho acontecimiento, conocido luego como 31M, ADN alertó en reiteradas ocasiones sobre lo que se estaba gestando. Lo hicimos por medio de numerosos  artículos y no menos de una docena de editoriales. Denunciamos el llamado de ABC Color a “prepararse para resistir a los usurpadores del poder”, publicado en su edición del 19 de marzo, como una abierta incitación a la violencia y al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas. Advertimos también que sus malos aprendices, desde los medios del Grupo Vierci, azuzaban a la ciudadanía para “salir a defender el Estado de Derecho”. Y dijimos que esa nefasta convergencia mediática articulada tiempo atrás,  más el repudiable accionar de políticos que siempre fueron funcionales a sus intereses,  constituía un serio peligro y un atropello descarado al régimen institucional, que podía derivar en “el luto de familias paraguayas”.

Desgraciadamente, los hechos nos dieron la razón. El Congreso, símbolo de la voluntad popular y de la democracia, fue reducido a escombros y un joven activista del PLRA, Rodrigo Quintana, resultó asesinado. Y después de semejantes hechos, que nos situaron entonces en los umbrales del quiebre del Estado de Derecho, no pasó… ¡NADA! Los atracadores del Parlamento andan haciendo campaña proselitista tranquilamente, luego de unos meses de turismo por el Uruguay, los responsables del crimen ni sabemos quiénes son y los autores intelectuales de la crisis, archi confesos,  continúan “en lo suyo”, sin formar parte siquiera de la carpeta fiscal.

En aquella ocasión, el tema de “controversia” era la enmienda para la reelección, que implicaba la convocatoria a elecciones a fin de que los electores resolvieran si correspondía o no ponerla en vigencia, la cual, como sabemos,  fue abortada por el accionar de esa minoría violenta. Y como les salió “gratis”, ahora vuelven a la carga, tal vez con menos ímpetu, pero con el mismo objetivo de imponer su voluntad por la fuerza, esta vez en lo concerniente a la candidatura al Senado de quienes ejercieron la presidencia de la República, léase Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, sin importar lo que digan el Tribunal Electoral de la Capital, el Tribunal Superior de Justicia Electoral e, inclusive, la Corte Suprema de Justicia.

La “lógica” es la misma. Ellos se erigen en intérpretes de la Constitución, ellos juzgan y ellos sentencian que los principales adversarios, en quienes concentran todos sus odios, no deben ser candidatos ni a pasa papeles de alguna repartición pública. Hay que declararlos políticamente muertos, porque así se les antoja a Zuccolillo, Vierci y a unos cuantos personajes rastreros que aspiran a cargos electivos.

 En este contexto, la noticia de que se iniciaron las obras de reconstrucción del Congreso parecería hasta anecdótica, pero no lo es. Y no solo porque todos los paraguayos tendremos que pagar de nuestros pecunios la reparación de lo que destruyeron unos animales, tanto los ejecutores materiales como los responsables morales, sino porque a casi un año de aquellos hechos, todos ellos siguen impunes y, por consiguiente, continúan siendo un peligro.

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