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Que haya corrupción en las instituciones del Estado resulta casi común en la mayoría de los países, no solo de la región. Pero que a pesar de las denuncias, los corruptos continúen gozando de todo su poderío y cometiendo otros actos de corrupción con absoluto desparpajo es algo que cuesta creer que pudiera ocurrir en otro lugar que no sea Paraguay.
Lo que yo veo es que en nuestro país el desparpajo y la desvergüenza han llegado a tal punto que aunque todo el mundo les señale con el dedo, los badulaques continúan manteniendo su poder y deciden, abierta y alevosamente, castigar a quienes pretenden hacer bien su trabajo, atenidos a lo que disponen las leyes.
Hace unas semanas fue despedida la directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, castigada porque hizo lo que tenía que hacer, denunciar la demolición de una construcción que estaba protegida por las leyes que buscan preservar los edificios que forman parte del patrimonio.
No pude escribir sobre el tema porque Ana Rosa Lluis, la ahora exdirectora, es mi hermana y no quería que nadie me acusara de haber perdido la objetividad y utilizar este espacio para el autobombo familiar. Pero, ¿por qué tengo que callarme ante lo que considero una clara injusticia de la ministra Mabel Causarano? Lo cierto y lo concreto es que Ana Rosa fue despedida por hacer lo que tenía que hacer, defender el patrimonio nacional. En cualquier otro país, una persona que actuara con la misma entrega, pasión y responsabilidad en su tarea, hubiera sido premiada y promovida a otro cargo.
Y esto es apenas una muestra de lo que ocurre. Todos los días se denuncian nuevos negociados en la Justicia Electoral. Es una entidad tan podrida, que –salvo dos o tres jueces- todos los que tienen alguna mínima autoridad están dispuestos al negociado y la ilegalidad. Es una institución montada para robar y buscar enriquecerse con la plata ajena. No son solo los tres miembros del TSJE, sinvergüenzas a carta cabal. Son los jueces de los tribunales de la capital, funcionarios que tienen alguna forma de sacar ventaja con su cargo, son casi todos los que forman parte de la Justicia Electoral los que han convertido a la institución en una vergüenza y una carga insostenible para la ciudadanía.
Hace unos días, la entonces presidenta del Tribunal de la capital, primera sala, Patricia Blasco, dispuso que sus funcionarios dejen de percibir horas extras por trabajos que no se necesitan hacer fuera del horario de oficina, y, para colmo, devolvió gran parte del viático que le dieron por viajar a México como representante de la institución. En cualquier lugar del mundo, serían acciones dignas de alabanza y ejemplo a seguir. Aquí, lo que ocurrió es que le sacaron la presidencia del Tribunal y asumieron los otros dos miembros que demostraron ser serviles y perversos, absolutamente afines a los desórdenes institucionales. Para lograrlo, se violaron la Constitución y algunas leyes, con total desparpajo y atrevimiento.
Ana Rosa y Patricia serían motivo de orgullo como funcionarias de cualquier país serio y legalista. Aquí han sido vilmente castigadas y convertidas en mal ejemplo para la clase de gentuza desvergonzada y ladrona que desde hace demasiado tiempo tiene poder y hace lo que quiere.
No voy a resignarme a que mi país tenga que ser, eternamente, blanqueador de los delincuentes. Alguna vez esto tendrá que cambiar. Alguna vez vamos a cansarnos del desparpajo y vamos a hacer que se termine.
