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Ulises Quintana es diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, miembro suplente del Consejo de la Magistratura y principal referente de “Colorado Añetete” en el Departamento de Alto Paraná, quien sería cómplice de un presunto jefe narco que posó para una foto junto al presidente de la República, en el quincho de su domicilio particular. Sin embargo, para el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, solo se trataría de “una situación personal que algunos pretenden politizar”, como si el afectado no fuera un prominente político del oficialismo, sino un jugador de “piki voley” de cualquier barrio de CDE.
Entendemos que Villamayor pretenda reducir al máximo el costo político que esto le acarrea a su movimiento y, sobre todo, que busque apartar del caso a Mario Abdo Benítez. Es una de sus funciones. Pero no logrará ni lo uno ni lo otro aplicando la estrategia del avestruz, ocultando la cabeza bajo tierra, como forma de negar la realidad. Claro que estamos ante un ESCÁNDALO POLÍTICO, extremadamente grave por cierto, más allá de que las investigaciones se desarrollen y concluyan con las sanciones pertinentes en ámbitos de la Justicia, si así corresponde, afectando la “situación personal” de tal o cual ciudadano en particular.
Es más, el hasta ahora diputado Quintana, en un acto de “sincericidio”, admitió que Reinaldo “Cucho” Cabañas, a quien se lo sindica como cabeza del grupo criminal en cuestión, había “aportado” logística a la campaña electoral. Y de vuelta Villamayor recurrió a la retórica confusionista, sosteniendo que dicho “aporte” se habría dado para la campaña nacional (¿?), en cuyo caso los responsables serían las autoridades de la ANR y no del movimiento Añetete, algo absolutamente inverosímil.
No es con declaraciones de esta naturaleza, que no pasan de ser un juego de palabras carentes de sustento, como se aborda un problema de semejante magnitud, sino con una alta dosis de entereza, otra de claridad y, por supuesto, de coraje, partiendo de reconocer lo que a todos resulta innegable: Un alto exponente del oficialismo, muy cercano al jefe de Estado, está imputado y en los umbrales de la cárcel, por su vínculo con una de las ramas más terribles del crimen organizado: el narcotráfico.
Decimos “por ahora”, dado que la propia fiscal Lorena Ledesma, que tiene a su cargo las investigaciones, así como la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestaron a la prensa que “hay otros políticos”, sin especificar quiénes son, por razones obvias, ni si pertenecen al “abdismo” o a otra corriente política, lo cual tampoco sería de extrañar.
Como corolario de tan desafortunadas manifestaciones, el ministro se esforzó vanamente por proyectar una imagen triunfalista y aseveró que “esta administración, la del presidente Mario Abdo, logró en 20 días lo que el anterior gobierno no hizo en 2 años…”, atribuyendo la “paternidad” de la criatura a quienes no tomaron parte de la concepción, ni de su gestación, pero llegado el momento del parto se ubicaron en primera fila para cumplir el “ritual” de los 15 minutos de gloria.
Un chiste de mal gusto, oportunamente desmentido por la titular del Ministerio Público, quien explicó que las investigaciones se iniciaron con bastante antelación, pero que se concretó con el operativo de la semana pasada después reunir las pruebas necesarias para alcanzar el objetivo propuesto.
Lo que ahora presenciamos es solo la punta del “iceberg”, pero, como sociedad, es también una oportunidad extraordinaria para avanzar en el combate contra una de las caras más tenebrosas de la corrupción imperante y sus tentáculos en los poderes del Estado.
Seriedad. Eso reclamamos de las autoridades frente a hechos tan alarmantes y que, efectivamente, las investigaciones se desarrollen sin ningún tipo de obstáculos políticos, “caiga quien caiga”, el decir del presidente.