ADN Digital
Ante tantos desmanes y desaciertos de la clase política representada en el Parlamento, la única luz de esperanza que nos queda a los ciudadanos de este país es el trabajo que actualmente realiza la Fiscalía, que en los últimos casos ha demostrado estar lo suficientemente firme y dispuesta a llegar hasta el final en los procesos, sin importar quien esté involucrado.
Ayer, la Cámara de Diputados, concedió permiso a uno de sus miembros que está preso por estar imputado por hechos punibles que son considerados crímenes por su gravedad. Ni Ulises Quintana tenía que pedir permiso, ni la cámara concedérselo, pero todos, incluidos los de las bancadas de la oposición, se prestaron al juego, posiblemente porque no había forma de impedirlo.
Esta es solo una muestra más de lo banal y absurda que es la actuación de nuestra clase política, cada vez más desacreditada por sus permanentes abusos y su evidente descontrol. En realidad, alguno dirá que no hay mucha diferencia entre cómo actúan hoy y cómo actuaron siempre.
Y puede que tenga razón. De hecho, lo único que parece ser diferente en este momento es la actuación de los fiscales que intervienen en cuestiones en las que están involucrados poderosos representantes de partidos políticos tradicionales. Si nos detenemos a pensar, hay dos políticos que en este momento guardan prisión preventiva. El diputado Quintana y el exsenador Óscar González Daher quienes jamás se habrán imaginado que terminarían presos. Y aunque no están en penitenciarías comunes –como sí ocurre en otros países cuando alguien importante va preso- lo cierto es que guardan prisión preventiva por crímenes que, estamos seguros, no empezaron a cometer ayer y no son los únicos que los estuvieron perpetrando. Pero ellos cayeron, y en un país como el nuestro, en donde nadie gana ni pierde reputación y en donde los políticos tienen una facilidad casi mágica para reciclarse, es fantástico que algunos hayan empezado a ser procesados.
Y esto no hubiera sido posible sin la actuación decidida de los fiscales intervinientes, que ahora se preparan para enfrentar otra gran batalla, la de las chicanas. Los agentes Lorena Ledesma (de los casos de Cucho Cabañas y Quintana), René Fernández y Liliana Alcaraz (del caso de González Daher y su hijo), fueron recusados y denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en una clara intención de chicanear los procesos, según la misma fiscal general, Sandra Quiñónez, quien aseguró que sus agentes tienen su apoyo total.
Todo parece indicar que, esta vez, las chicanas no servirán de nada y estos fiscales serán confirmados en sus respectivas causas. Ojalá así sea. Y continúen su trabajo con la misma fuerza e igual empeño que han mostrado hasta ahora.
Más que nunca deben demostrar a Tirios y Troyanos que aquí no hay “vendettas” de ningún tipo, lo que si hay es afán de Justicia y la capacidad y valentía para consolidar las imputaciones técnicamente y con un estricto apego a la ley.
La ciudadanía mira con satisfacción el papel que están cumpliendo, pero también con algo de temor de que las cosas vayan a la cuneta en el momento de las definiciones.
De paso deberíamos anotar que el papel que cumplirá el JEM en esta circunstancia también es clave. Debe desechar rápidamente las chicanerías de las que habla Sandra Quiñónez y dejar las manos libres a los fiscales acusados por los abogados defensores de los políticos presos.
En fin, se trata de una prueba de fuego para la institucionalidad del país. El Parlamento de nuevo está fracasando en su deber de poner las cosas en su lugar, esperemos que la Fiscalía que aparentemente se puso los pantalones largos, haga lo que tiene que hacer y punto.