ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo único que investiga son las presuntas violaciones de Derechos Humanos (secuestro y tortura) en las que habría incurrido el Estado paraguayo, en el Caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, y no el plagio de María Edith de Debernardi.
Según la Dra. Almirón, la Corte IDH se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.
Para la Dra. Almirón, la presencia de autoridades nacionales, incluyendo la del presidente de la República, no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.
Referente al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), explicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana finalmente puede decidir darles solo US$ 20.000.
Recalcó que allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte IDH.
Asimismo, manifestó que no existen antecedentes de reparaciones económicas por montos siderales. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.
NO TRATARÁ SECUESTRO
La Dra. Almirón aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se les acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí, sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados, ni el caso del secuestro en particular.
Manifestó que es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible, porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal.
Remarcó, “se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
