Miércoles , septiembre 19 2018
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¡No somos idiotas!

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Un escándalo de vastas proporciones sacude nuevamente a la Iglesia Católica en el Paraguay y compromete seriamente a su más alta jerarquía, que habría brindado protección por espacio de más de dos décadas a sacerdotes argentinos procesados en su país por presuntos delitos de pedofilia. El hecho se hizo público a partir de una investigación formidable realizada por el diario La Nación, que primero motivó un inconsistente “pedido de perdón” de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y luego una declaración del Arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, que solo puede calificarse como un insulto feroz a la inteligencia de los fieles católicos y de toda la ciudadanía. Según dijo, todo fue producto de “una inocentada” de la jerarquía, supuestamente “engañada en su buena fe” por los que en su momento evadieron la Justicia argentina, lo cual es una mentira descarada tan grande como la Catedral en la que el prelado metropolitano celebra misa. Veamos por qué.

Según Valenzuela, la Iglesia no anda pidiendo documentos a los sacerdotes que se presentan en una Diócesis para desempeñar sus actividades clericales. Eso sería algo ofensivo, agregó, para insistir que en el caso del presbítero Carlos Ibáñez se obró con “inocencia”. Tales afirmaciones dejan anonadado a cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento interno de la Iglesia, así como a quien se maneja con los criterios más elementales de la lógica formal. ¿Cómo es eso de que pedir documentos constituye una ofensa? ¿Acaso no se hace eso en cualquier trabajo, del rubro que fuere, además de solicitar referencias y comprobar que estos son reales? ¿Será que mañana cualquier enemigo de la Iglesia o simplemente un loquito que anda suelto se puede presentar ante un obispo para que lo “contrate” de sacerdote, por el solo hecho de que viste como tal y sabe celebrar misa?

La respuesta a todas estas interrogantes es NO y Valenzuela bien lo sabe, por eso sus manifestaciones revisten tanta gravedad. Las normas canónicas establecen un procedimiento riguroso para que una Diócesis reciba a cualquier cura y le ponga en funciones, sea del mismo país o, con más razón, si proviene del extranjero. Y esas normas están claramente establecidas en el canon 269, cuyo artículo 2° dice taxativamente que al obispo que recibe en un clérigo “le conste la “excardinación” (de la Diócesis a la que pertenecía), y haya obtenido los informes convenientes acerca de la vida, conducta y estudios del clérigo”, para así poder “incardinarlo” a la suya.

Esto maneja cualquier diácono recién ordenado, por más que saliera de un Seminario tan mediocre como el de Asunción. Con más razón un obispo o un arzobispo, que lidia con esos trámites frecuentemente. La pregunta es entonces por qué Valenzuela nos miente con tanta alevosía. ¿Lo hace para encubrir a los que en su momento le dieron protección a Ibáñez, lo cual le convertiría en cómplice de cómplices?

Esto es algo que solo Valenzuela y la Conferencia Episcopal Paraguaya pueden y deben aclarar con urgencia, como también la razón por la que recién tomaron medidas cuando se hizo público el escándalo, siendo que estaban enterados del hecho hace un año.

Por último, los obispos del Paraguay debieran saber dos cosas. Una, que tanta suciedad no se puede ocultar bajo la alfombra. Y dos, que nos somos un pueblo de idiotas.

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