Sábado , septiembre 22 2018
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Nuevamente prima lo político sobre lo jurídico, dice jurista

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ASUNCIÓN.- Para un sector importante de juristas, existe una “mano negra” que torció el sentido de la justicia en el caso Curuguaty que terminó liberando a 11 personas acusadas de la muerte de agentes de policía en el enfrentamiento hace siete años en campo Morumbí. El abogado Eduardo González, viceministro de asuntos políticos del Ministerio del Interior, asegura que existió una “mano negra” que proviene de sectores políticos bien identificados con los campesinos y ahora “estamos en un vyroreí total”.

Explica que la mencionada “mano negra” responde al senador Fernando Lugo “que está detrás de todo esto; es un grupo político que está empotrado e inserto en el Poder Legislativo. Esto forma parte de un gran acuerdo, es un fallo muy importante para Fernando Lugo”, indica González.

Como otros tantos abogados, González asume que “se trata de un fallo contrario a todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia” y añadió que “dentro de un análisis técnico esta la resolución de los camaristas posee innumerables errores”.

Destacó que el camarista Arnaldo Martínez Prieto se burla de la inteligencia de la ciudadanía al explicar que hubo “error de tipeo” y agregó que “los tres magistrados que entendieron en este caso, realizaron de oficio una aclaratoria para corregir su error, siendo que estaban ya recusados por la Fiscalía”.

No duda en que este fallo tiene un fuerte componente político y recordó que “Lugo manifestó en el pasado que Emiliano Rolón, el camarista que liberó a los campesinos, era su candidato a ministro de la Corte; ahora de vuelta se candidata para el mismo cargo en pugna, y esto como mínimo genera suspicacias”.

Apuntó que “el simple paso de googlear, se puede saber que también los integrantes del futuro gobierno estuvieron siguiendo de cerca el caso”. En ese sentido, los antecedentes a los que hace referencia destacan que el futuro ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, llevó la defensa de los abogados de los campesinos durante un sumario administrativo abierto contra los letrados durante el proceso legal.

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