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La Organización de Estados Americanos (OEA) inició ayer jueves el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría abrir la puerta a la suspensión de ese país del organismo si fracasan las gestiones diplomáticas previas. El anuncio lo hizo el secretario general Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. El país centroamericano está inmerso en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente Daniel Ortega.
WASHINGTON.- “Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, anunció Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
“Quisiera aferrarme a que usted y su gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua”, añadió Almagro dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo, Luis Alvarado.
Dicha Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Entonces, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir si existe esa “alteración” del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.
La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 víctimas mortales, mientras que el Gobierno solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
