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ASUNCIÓN.- Gobiernos anteriores y las posturas de políticos se mostraron “entreguistas” y pese a movimientos por defender la causa paraguaya, más por obligación que por convicción, prefirieron asumir el pago de una estafa. Esta sentencia significa una mejor defensa de los intereses del país por parte del Gobierno, ya que los anteriores no realizaron un buen trabajo al perder el juicio en Suiza y optar por pagar la deuda ilegal.
Cuando se sustanció la demanda de la aseguradora italiana SACE, el presidente Horacio Cartes convocó a todos los poderes del Estado para decidir el rumbo a seguir. El Congreso, entonces bajo la presidencia de Mario Abdo Benítez, no aportó más que una actitud de timorato. Obedeció a sus aliados de la oposición a reducir la actitud de escuchar. Abandonó al Poder Ejecutivo en una acción que exigía la reacción de todos los sectores.
La postura más agresiva fue la de Federico Franco (PLRA), ex presidente de la República, quien pretendió liberar US$ 5.000 mil millones de las Reservas Internacionales para negociar con los demandantes. No le alcanzó el tiempo de su presidencia para convencer al Congreso.
Explicó entonces Franco que “el plan es viajar a Suiza para destrabar esa cuenta, pagar la plata que queremos pagar, teniendo en cuenta que existen negociaciones para conseguir una quita importante”.
Cuando se sustanciaba la causa en Estados Unidos, el senador luguista Miguel López Perito sentenció que “el caso Gramont Berres es una causa perdida por la irresponsabilidad, inoperancia e incompetencia de los representantes del Estado paraguayo en diferentes momentos” y propuso en setiembre de 2015 cancelar la deuda espuria con dinero del Tesoro Nacional.
“El caso Gramont Berres es una causa perdida por la irresponsabilidad, inoperancia e incompetencia de los representantes del Estado paraguayo en diferentes momentos”, mencionó el legislador, que actualmente es de Avanza País (AP).
Adolfo Ferreiro, senador de AP, no confiaba en una victoria judicial y propuso que “se trata de una deuda que hay que negociar por lo que más convenga, hay que ver si no es posible una victoria jurídica negociar cómo se puede pagar la deuda”.
Conocido el fallo judicial, el procurador general, Roberto Moreno, recordó la convocatoria de Cartes y destacó que “es un caso que hacía a la dignidad misma de la patria. El Gobierno ha decidido en este caso luchar, y defender la dignidad del país, esa imagen de país moderno y serio que tanto ha costado construir, aún a pesar de algunas voces irresponsables y antipatriotas que pedían que se reconozca y se pague la deuda espuria”.
