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La historia política y social reciente de América Latina nos recuerda en todo momento que los pueblos han sufrido el abuso de sus autoridades; de sus gobernantes y para protegerse de estos golpes del poderoso, los ciudadanos se organizaron en movimientos populares que se transformaron después en partidos políticos de oposición.
Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces y hoy algunas cosas han cambiado; sobre todo en Paraguay en relación al concepto sagrado de ‘partido de oposición’ para convertirse en ‘oposición destructiva’.
En un país en el que impera la democracia, la protección de la libertad colectiva y la individual van estrechamente relacionadas con una efectiva división de poderes. Un sector de estos poderes no lo entiende así y sus representantes, llamados opositores y disidentes colorados desarrollan jugadas políticas arteras para someter a su capricho al Poder Ejecutivo y al Judicial. Al primero trabando sus iniciativas de reordenamiento social y económico y al último con la permanente amenaza del juicio político. Imagino que la certeza constitucional habrá sido la gota que colmará el vaso; aunque deberá sopesarse con la suerte que podría correr un ex ministro del Interior y esposo de una legisladora, si es que corre por fin el juicio político a la Corte, frenada justamente por este mismo “grupete”.
Es bueno recordar que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de la gestión diaria, el Legislativo el de construir leyes o modificarlas y escuchar al ciudadano (esto último es lo que menos hace), en tanto el Judicial debe interpretar las leyes y aplicarlas, si es que el “grupete” lo permite.
La oposición, con apoyo de una disidencia colorada, se hizo fuerte en el Senado y contra la misma Constitución pretende, de facto, un gobierno paralelo y utiliza todos los métodos a su alcance para demostrar que son el poder real e imponer así sus objetivos y no figura ni por accidente el bien público. El plan: boicotear, destruir el plan administrativo, social y económico que se posicionó en tres años.
La muestra cabal de ello es el tratamiento que se le dio al Presupuesto General de la Nación (PGN). Jamás importó en los curules de este sector un análisis real de los efectos que ocasionaba en la economía de la calle, en el bolsillo de un trabajador contratado para la construcción de rutas. No importó que las gigantescas obras de infraestructura queden paradas: el plan es destruir el régimen. Al PGN deben arruinarlo y retornar a aquel Presupuesto político, maleable a los intereses electoralistas; herramienta para extorsionar al voto.
El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa con el fin de asegurar y fortalecer el progreso del país basado en la estabilidad política, económica y social pero la oposición en el Senado no lo entiende de esa manera. La idea es llegar como sea; de momento solo palabras y acciones políticas de boicot. ¿Qué otra explicación se puede ensayar para entender la férrea obstrucción a someter a consulta popular un proyecto de reelección?
Es oposición destructiva, la que intenta obstaculizar a toda iniciativa del Ejecutivo sin argumentos reales, científicos y cuestionar por el solo hecho de trabar a Horacio Cartes. Esta postura oportunista jamás será beneficioso para el país y los efectos más sensibles no lo van a sufrir ellos; se sentirán en sectores menos favorecidos de la sociedad; la que no tiene inmunidad parlamentaria.
Los líderes de oposición podrían convencer a la militancia, al voto, con una oferta de una oposición real, con argumentos sólidos. La prueba de la inexistencia de esa firmeza es la ausencia de clamor popular; nadie sale a las calles a jugarse por las banderas de Desirée Masi o de Mario Abdo Benítez. No conozco referencias de alguna reacción ciudadana en Pedro Juan Caballero, en Amambay, a favor de Robert Acevedo. De Efraín Alegre, sí hubo referencias: mucha violencia en la convención de su partido que le cuestionó a sillazos su proyecto autoritario, cuasi stronista. Y Efraín, con el ceño fruncido observando bajo fuerte protección cómo era recibido; asistiendo a la caída de sus pretensiones; porque de esa manera ni siquiera pasa la interna de su partido.
Los senadores de la oposición, desde la protección de su inmunidad parlamentaria, intentan el colapso del Estado, atado de pies y manos a una de sus instituciones: el Poder Ejecutivo y responsabilizar al presidente del caos que ellos generan y que acabará con una debacle social que también a ellos los arrastrará.
Pedir no cuesta nada: Que el “grupete” abandone su estrategia de oposición destructiva y sea útil. Que el “grupete” utilice sus influencias para crear y no para averiguar ofertas de sicarios.
Paraguay necesita de una oposición que arrime el hombro para sacar adelante al país y resolver las dificultades reales y no usar un poder del Estado para ventilar problemas familiares o pichaduras políticas.
