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El caso Patricia Samudio al frente de Petropar sigue sin agente fiscal. En todo este tiempo, desde que se presentó la denuncia en el Ministerio Público por los operadores de Petropar contra la funcionaria, hace suponer la existencia de una “orden superior” que impide a Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, la designación del agente fiscal para que investigue las irregularidades perpetradas en los escasos 60 días de gestiones al frente de la petrolera. Hemos intentado conversar con Quiñónez al 0971315… pero todos los intentos fueron infructuosos.
ASUNCIÓN.- Urgieron, Luis Villamayor, abogado de los operadores, los gremios de taxistas, camioneros; incluso con notas remitidas al presidente Mario Abdo Benítez y, en las últimas horas, los transportistas de camiones pasados salieron a las rutas por el mismo reclamo; sin embargo, estos hechos no movieron la lapicera de Sandra Quiñónez.
Samudio debe explicar acusaciones de tráfico de influencias, mal desempeño, desvío o malversación de fondos del Estado. Pese a estas acusaciones documentadas, el presidente de la República Abdo Benítez jugó su carta en favor de la funcionaria, aunque lo disfrazó con la contratación del exfiscal Carlos Arregui para “investigar” y demorar resultados que están a la vista y que no son favorables.
Este gesto del presidente, más el silencio de la Fiscalía (la llamamos en varias ocasiones a la fiscal general al número de celular 0971315… sin éxito), hacen suponer que existe una “orden superior” que impide la continuidad del caso.
“Esta señora no tiene la capacidad de garantizar la eficiencia de Petropar en el mercado a propósito o por deficiencia. Debemos recordar, que acá existen conflictos de intereses”. Samudio Torrás se hizo beneficiaria del cargo por haber sido la mayor aportante a la campaña de Mario Abdo Benítez y tiene profundos vínculos con el sector al que debe regular, “y estos hechos invalidan cualquier intención de mejorar la gestión al frente de la empresa estatal y por supuesto, se desmorona el objetivo del sentido social”, apuntó Villamayor.
Desde que trascendió que Patricia era candidata, los que estaban de salida auguraban un negro futuro y veían diluirse todo el trabajo realizado desde 2014 en la compañía. “Los profundos vínculos de Samudio con el sector del combustible ya eran la primera alerta de que la política de Petropar iba a sufrir un giro de 180 grados, y en efecto, así fue”, dijo Villamayor y agregó que “los efectos de este giro están plasmados en la carpeta que la Fiscalía no se atreve a abrir e investigar”, protestó.
La crisis que enfrenta Samudio se inició con la orden de “no acatar” los nuevos valores de los combustibles, hecho que probaba una de las irregularidades cometidas. Esta orden fue expandida entre 150 operadores por la Asociación de Operadores de Petropar (Aope). Con este primer encontronazo, los medios del grupo Cartes iniciaron las pesquisas que acabaron con una denuncia, que según el presidente Abdo Benítez, son señales de una buena gestión de su protegida.
