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Las fundaciones también denominadas ONGs, reciben millonarios recursos del Ministerio de Hacienda, estipulados en el objeto de gastos 842 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro”. Sin embargo, varias de ellas realizan llamativas manipulaciones para tratar de justificar los millonarios montos a la hora de rendir cuentas. En el ejercicio fiscal 2015 la Contraloría General de la República detectó varias irregularidades.
ASUNCIÓN.- Tras la auditoría practicada a la fundación Piche Róga, cuyo presidente es el Lic. Ricardo Arrúa Torreani, la Contraloría detectó una incorrecta afectación a gasto misional de pagos efectuados, por importe de G. 22.200.000, debiendo imputarse como gasto administrativo, considerando lo establecido en la misión de la fundación conforme se establece en el Anexo B-01-03 “Información sobre la Entidad”.
La misión de la fundación es la dignificación de los niños de escasos recursos en situación de riesgo, para que en su futuro sean personas de bien. En su defensa los directivos mencionan que fueron imputados como gastos misionales y que las mismas cumplen con la misión y fin del hogar, debido a que la directora demás realiza refuerzo escolar para los niños. Sin embargo expresan que en otras rendiciones mejorarán la descripción con el fin de que se pueda entender como gasto misional, reconociendo lo observado por el equipo auditor de la Contraloría.
Igualmente, los auditores de la Contraloría encontraron error en la imputación presupuestaria por importe de G. 15.900.000, efectuada por la Fundación ASOLEU, bajo la administración del Ing. Atilio Pereira Otazú, en incumplimiento de lo establecido en el clasificador presupuestario de ingresos, gastos y financiamiento, Anexo de la Ley N° 5.386/2015, referente al OG. 145 Honorarios Profesionales.
Su misión es brindar servicio a los niños/as que padecen de cáncer y leucemia, proveyendo la totalidad de las drogas oncológicas necesarias para el tratamiento quimioterápico hasta el término de éste. La fundación reconoció lo observado, manifestando que se presentan planillas rectificativas con la correcta imputación.
IRRACIONAL USO DE RECURSOS
Según el informe de la Contraloría la Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay (Arifa), bajo la administración de Manuel Néstor Giménez, realizó uso irracional de sus recursos. En ese sentido menciona los pagos efectuados en concepto de telefonía celular por importe total de G. 4.100.605, incumpliendo lo establecido en el Decreto Nº 2.929/15, en su capítulo 16, de las políticas de racionalización del gasto en su artículo 376, referente a comunicaciones.
La misión de Arifa es la rehabilitación física e integral de las personas con discapacidad y equiparación de oportunidades.En su defensa los directivos de la ONG destacaron que los gastos de uso de telefonía celular efectivamente han sido y son para beneficio de los pacientes con discapacidad que acuden al gimnasio de rehabilitación y los profesionales fisioterapeutas que lo utilizan para realizar llamados a los médicos tratantes, confirmar asistencia etc. Sin embargo, la Contraloría destaca que lo observado se refiere a la falta de racionalización del gasto, no solo a su afectación como gasto misional.
Por otra parte, el informe de la Contraloría destaca que el importe pagado a funcionario de la AsociaciónSeguridad en las Rutas (SER), cuya presidenta es María José Esquivel, no concuerda con el monto establecido en el contrato de prestación de servicios, evidenciándose la falta de controles internos conforme se establece en la Ley 1.535/99 de administración financiera del estado en su artículo 60.
La misión de esta ONG es realizar trabajos de prevención de accidentes de tránsito conjuntamente con entes no gubernamentales y del estado. Su descargo presentó a destiempo.
INFORME ELEVADO A HACIENDA
Este informe fue elevado por la Contraloría General de la República, al ministerio de Hacienda el pasado 1 5 mayo, y dirigido a su titular Santiago Peña. La institución deberá implementar las medidas necesarias a fin de regularizar totalmente las situaciones observadas, para lo cual tendrá que elaborar y poner en marcha un plan de mejoramiento, en el que deberá ser presentado a la Contraloría en versión magnética e impresa, con todos los documentos de respaldo en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción del informe.
