Miércoles , febrero 20 2019
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Otra vez, la Justicia sumisa

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La decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de convocar a elecciones municipales en Ciudad del Este, ignora la crisis existente,  sin siquiera tener el decoro de aguardar la respuesta a la acción de nulidad que habían planteado cinco concejales contra la aceptación de la renuncia de  McLeod y la designación de Celso Miranda en su reemplazo.

Basta con recordar que hace apenas 3 meses, cuando la Justicia Electoral decidió convocar a esas elecciones luego de la renuncia de Sandra McLeod, la reacción de las bancadas de ambas cámaras del Legislativo fue furibunda, y la amenaza de someter a juicio político a los miembros del tribunal, inmediata, a tal punto que los 3, sin mayor pérdida de tiempo, desconvocaron su propia convocatoria.

Más allá de los papeles, la independencia del Poder Judicial siempre fue una utopía inalcanzable y constituye una de las herencias más nefastas de la dictadura stronista, en donde los magistrados eran designados y manejados por el dictador. Aunque ahora se logró un procedimiento más rebuscado para designarlos, en un intento de aparentar que con eso se lograba independencia y se elegía a los más capaces, la verdad es que la abierta influencia de la clase política continuó, incluso de manera más especializada, puesto que ahora no solo los elige, sino que, además, tiene la facultad de echarlos con solamente tener los votos necesarios para hacerlo.

Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka saben muy bien que sus cargos penden de un hilo. Fueron numerosas las veces que se los denunció por una variedad bastante llamativa de delitos, casi todos relacionados con desvío de fondos, cobro indebido de honorarios o contratación de planilleros; es decir, con lesión de confianza y apropiación de bienes del Estado. Pero siempre se detuvo su enjuiciamiento porque la clase política era beneficiada con puestos para sus operadores políticos, del color que fueran, en la Justicia Electoral.

Así que resulta más que obvio que solamente los políticos pueden destituir a los miembros del TSJE, y lo harán ni bien sientan que han perdido su poder sobre ellos, y que las decisiones de la Justicia Electoral no se ajustan a intereses y deseos de los grupos de poder. Por lo tanto, nadie dudó jamás de que lo primero que harían, ni bien recibían la resolución de Diputados, era convocar a elecciones.

Por eso también se negaron a intervenir en el caso de la decisión de la mayoría de la Junta Municipal, que aceptó la renuncia de McLeod y nombró a su sucesor. Sabían que la mayoría de las bancadas estaban en contra de esto y no tenían ningún interés en volver a pasar lo que ocurrió en noviembre del año pasado.

Por eso, el TSJE bajó la cabeza y abdicó de sus atribuciones, cediéndolas con los ojos cerrados, al Legislativo, como si fueran simplemente empleados del Legislativo y no un órgano independiente y perteneciente a otro poder del Estado. Y aunque, luego de lo ocurrido, la institucionalidad haya recibido un golpe de muerte, el país pareciera seguir funcionando como si nada, sin que nadie se rasgue las vestiduras ni pretenda arriesgar su puesto y lo que tiene intentando que las cosas recuperen su cauce normal, el que dictan la Constitución y las leyes.

Porque este es un país que, lastimosamente, se acostumbró a vivir siempre al filo de la navaja, navegando peligrosamente en un mar de ilegalidades y rupturas institucionales. Debe ser por eso que nos cuesta tanto salir del atraso y ponernos a la altura de las demás naciones.

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