Teniente de Fragata Carmen Quinteros.
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Otra vez, Paraguay en la mira de la CIDH

La teniente de Fragata Carmen Quinteros analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando justicia ante la arbitrariedad cometida contra suya por la justicia militar y ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que la condenaron a un arresto disciplinario por haber querido dar de mamar a su bebé.

ASUNCIÓN.- Según el doctor Carlos Mendoza, abogado de la teniente Quinteros, la familia de su cliente analiza la posibilidad de recurrir a la CIDH para denunciar al Estado paraguayo por la sentencia a la que fue condenada por pretender que se respete un derecho garantizado tanto en la Constitución como en la legislación nacional, el de la lactancia.

Dijo que “es una cuestión muy personal de ellos, si es que van a ir a instancias internacionales. Parece que hay un abogado que se ofreció para ir a una instancia internacional. Hay una entidad de DDHH que quiere impulsar esta parte, los derechos del niño y la madre que la protegen. Se puede solicitar la reparación de los daños”.

No es la primera vez que el Estado paraguayo es denunciado porque organismos oficiales han violado derechos humanos de algún ciudadano, aunque hay casos en los que estas denuncias no tienen razón de ser, como el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, prófugos de la Justicia. Sin embargo, hay otras situaciones en las que ha quedado en evidencia la fragilidad de nuestro sistema en materia de protección a los derechos de la población, y lo cerca que aún estamos del terrorismo de Estado, vigente hasta hace apenas 30 años.

La ministra de la Corte Miryam Peña había justificado la sentencia, impulsada por ella misma, exjueza del menor, diciendo que no se había analizado su derecho a la lactancia, sino que había cometido una insubordinación prevista en la legislación militar, algo difícil de creer porque lo mínimo que se puede esperar es que el máximo tribunal de la República analice todos los hechos antes de dictar una sentencia que, para colmo, es inapelable en la justicia paraguaya.

Es debido a eso que ahora se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, porque a nivel local ya no hay nada que hacer, a pesar de que el abogado Mendoza dijo que el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, de quien depende Quinteros, la avala y estarían intentando evitar que se cumpla la sanción de 45 días de detención disciplinaria.

A LA BUSCA DE UN INDULTO

La defensa de la teniente Carmen Quinteros pretende que el presidente de la República le conceda un indulto para evitar que guarde los 45 días de reclusión por falta contra la disciplina militar. Lo que se le cuestiona a la joven es que haya recurrido a un juzgado civil para solicitar que se la libere de una guardia de 24 horas a fin de amamantar a su bebé recién nacido. La legislación militar prohíbe que cualquier situación interna sea recurrida ante organismos civiles, y es ese el tema, supuestamente, por el que la Corte ratificó la condena.

Ya sea que el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, consiga que se dé por cumplida su sentencia a fin de que no guarde reclusión por 45 días, o que el presidente Abdo Benítez le conceda el indulto, la verdad es que ninguna de esas acciones conseguirá que Quinteros sea declarada libre y que su proceso sea calificado como arbitrario, además de que eso no evitará que se hayan violado todos sus derechos y los de su hijo durante 3 años.

Si de algo no se puede acusar a Quinteros es de no haber seguido todo el proceso previsto para reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental. Por lo tanto, lo que debía haber ocurrido era que la Corte Suprema de Justicia rechazara la condena de la Corte Militar y la declarara inocente, porque de ninguna manera una falta militar puede estar por encima de un derecho consagrado por la Constitución, el de la lactancia.

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