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ASUNCIÓN.– Paraguay es el segundo país de la región donde se producen más feminicidios con una tasa de 1,6 sobre cada 100.000. Encabeza la lista Bolivia, donde dos de cada 100.000 mujeres son asesinadas, cifra que supera con amplitud a países con mucha violencia y criminalidad como Brasil, donde el margen es de 1,1. Ecuador y Uruguay tienen 1,3.
En el territorio boliviano se registraron 70 feminicidios en 2019, país donde se registra uno de estos incidentes cada dos o tres días.
En Paraguay, el último informe corresponde a julio. Hasta ese mes se produjeron 19 casos, dejando huérfanos a 43 menores.
El arma blanca es el mecanismo más utilizado por los agresores para perpetrar el crimen, representando el 47,3% del total de los casos.
En Bolivia, el último episodio registrado involucró a Adelaida Cossío, quien falleció el pasado fin de semana tras recibir dos golpes en la cabeza con un hacha y ser estrangulada con una soga.
El hecho sucedió en Cochabamba, centro de Bolivia, y el acusado del feminicidio es el esposo de la mujer, quien ya tenía denuncias por violencia y ahora se encuentra prófugo.
“Después de denunciarlo a la policía ha decidido matarla. No lo han detenido pese a las amenazas de muerte”, lamentó una sobrina de la víctima.
Un reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (Cepal) indica que Bolivia es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica.
A nivel latinoamericano, el margen más alto se encuentra en El Salvador, donde se producen 10,2 asesinatos por cada 100.000 mujeres.
La experta de Cepal Alejandra Valdés señaló a la cadena BBC Mundo que estas cifras deben ser entendidas como una visibilización reciente de un fenómeno de muy larga data.
Además, indica que la brecha existente entre los casos que llegan a conocerse y cuantificarse y las cifras reales todavía es muy difícil de medir.
“Esto no es un fenómeno nuevo que ha aparecido; es algo histórico”, indica la experta, que es parte del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal.
Valdés añade que la realidad es tan fuerte que desde Naciones Unidas se plantea que todos los actores del sistema público deben ser incluidos para combatir la violencia contra las mujeres y fundamentalmente el feminicidio.
