ADN Digital
Artículos relacionados
CARACAS.- Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha decidido descartar este lunes algún tipo de acuerdo amistoso con Petróleos Paraguayos (Petropar) por el caso del requerimiento del pago de una deuda de 287 millones de dólares que mantiene el Paraguay por la compra del hidrocarburo.
La PSVSA emitió un comunicado este lunes, para aclarar que el pago íntegro de la deuda era exigible desde noviembre del año 2013, conforme a un contrato firmado entre las dos compañías en el 2011.
Por su parte, Petropar insiste en que el tratado permite continuar pagando hasta el año 2023. Tanto el Gobierno Paraguayo como la petrolera alegan que se debe seguir cumpliendo con lo establecido en el acuerdo firmado por el gobierno de aquel entonces.
“La futilidad de continuar intentando alcanzar una solución amigable resulta obvia. A menos que Petropar pague sus deudas, PDVSA Petróleo procederá a ejercer todas las acciones a las que tiene derecho conforme a lo contractualmente acordado por las partes y a la ley aplicable” se pudo leer en el comunicado emitido por la firma venezolana.
La relación comercial entre ambas empresas, tiene como marco el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, por lo que una solicitud de “demanda” queda como inválida, teniendo en cuenta que no está cumpliendo parte de un tratado internacional. Paraguay esperaba conseguir un descuento de la deuda que fue cobrada de manera “poco amable”, según las palabras del presidente de la estatal Eddie Jara Rojas.
PDVSA continuó con la riña este lunes al declarar que los argumentos paraguayos eran “insostenibles y falaces”.
Este desentendimiento entre PDVSA y Petropar se generó luego de que el Gobierno paraguayo haya apoyado el llamado a referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y también solicite al bloque regional Mercosur una reunión extraordinaria para analizar la situación de derechos humanos y democracia venezolana.
Así también el Gobierno actual asegura que ya intentaron cancelar 7 veces esta deuda, con montos reclamados de 13 facturas emitidas durante los Gobiernos de Nicanor Duarte (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012).
