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La adopción del sistema de elección directa para la integración de los cargos pluripersonales, vigente en nuestro país, desde hace alrededor de 25 años, ha logrado minimizar la importancia de la participación de los partidos, en todos los planos del quehacer político nacional.
El individuo, el candidato, se ha convertido en el centro de las campañas electorales, y -desde entonces- ha ganado al votante gracias a los recursos económicos puestos a su disposición, su “imagen” y su capacidad de congraciarse con los electores.
El debate ideológico que define el tipo de gobierno que se pretende construir desde las distintas listas de candidatos, no tiene espacios. Los proyectos políticos, tampoco.
Los partidos han sido reducidos a la condición de aparatos electorales destinados a promocionar a cualquiera que pase por sus internas, y alcance votos suficientes para integrar listas oficiales de candidatos, para lo cual los recursos económicos y publicitarios, juegan un papel relevante.
Este sistema ha permitido y alentado la candidatura de “outsiders”. Aquellos que por fuera de la actividad política han ganado notoriedad o fortuna (o ambas cosas), convirtiéndose, de la noche a la mañana, en personajes políticos, sin tener la más mínima formación, o siquiera información, para ejercer funciones legislativas.
Las bancadas o bloques políticos que integran ambas Cámaras del Congreso, se dividen y multiplican por intereses personales o sectoriales y por disputas de privilegios, convirtiendo a mayorías en minorías, desnaturalizando la esencia del sistema republicano de representación política.
Esa es la razón que explica las múltiples divisiones que se presentan en las distintas bancadas que integran ambas Cámaras del Congreso Nacional. Los electos “en representación de los partidos políticos” no representan a los partidos políticos. Están allí por sus propios medios, sus recursos económicos (propios y ajenos), sus aparatos electorales, sus compromisos y alianzas.
Esa es –también– la razón que explica la existencia de Diputados y Senadores, que, cuando menos, pudieran ser catalogados como “pintorescos”.
Se podrá decir, en defensa de éstos, que personajes similares (o aún peores) existen también en los parlamentos de otros países, recordando que hace un par de años, en el Brasil, ha sido elegido diputado el payaso Tiririca, quien antes de asumir, fue sometido a un examen de “alfabetización”, para determinar si contaba con las capacidades mínimas que la Constitución brasilera requiere para el ejercicio del cargo.
Pero, la mención del caso del payaso Tiririca no tiene como propósito establecer comparaciones o paralelismos personales con alguno o algunos integrantes de nuestro Parlamento, sino describir la realidad a la que nos enfrenta el sistema de elección directa y la paulatina destrucción de los partidos como herramientas del sistema democrático y republicano.
El sistema electoral es responsable de la calidad de nuestros representantes, de la calidad de nuestras leyes, aunque mejor sería decir, de la mala calidad de ellas.
Podríamos incluir una larga lista de leyes que servirían de ejemplo, pero el tiempo y el espacio resultarán insuficientes. Desde la varias veces modificada ley que regula el tiempo máximo del proceso penal, pasando por la que regula la prisión preventiva, o las del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, de la Inspección Técnica Vehicular, la de Tránsito y Seguridad Vial, por solo citar algunas.
Lejos de mejorar el panorama, desde la Cámara de Diputados nos anuncian en propósito de establecer por ley el pago obligatorio de un peaje para el ingreso de vehículos a la ciudad de Asunción. Su argumento: la gran cantidad de vehículos que todos los días ingresan a la capital, desde ciudades vecinas, provocando el uso excesivo de sus instalaciones e infraestructura vial.
El proyectista, alguna vez fue candidato a Intendente de Asunción, y evidentemente no ha logrado superar la reducida visión localista, ni ha podido situarse por encima de ella, para contemplar los intereses de conjunto, propias de la naturaleza de la función del Legislador Nacional.
Posiblemente, desde la perspectiva de quien tiene experiencia como organizador o protagonista de espectáculos públicos y festivales, el cobro de “entrada”, responda la lógica que plantea, pero ello no puede, ni debe trasladarse a la actividad parlamentaria, pues los parámetros y fundamentos que justifican el cobro de peaje, son absolutamente distintos.
El peaje es derecho de tránsito, ese “…derecho que se paga por el paso de carros, bestias, ganados, géneros, mercancías y aún personas por ciertos caminos, calzadas, puentes, ríos, canales u otros parajes…” (Escriche), es un medio de obtener recursos para el mantenimiento de obras viales utilizadas. No es una forma de cobrar “entrada” para destinar lo recaudado a otros fines.
El importe de lo recaudado es de carácter Nacional, y debe ser aplicado a las obras viales nacionales afectadas por a su pago. No es de carácter municipal, ni puede tener un destino distinto al señalado.
Proyectos como este, lamentablemente, sirven para poner de manifiesto la falta de preparación, comprensión y visión de algunos, ponen en riesgo la calidad de nuestras leyes, de nuestras instituciones, y justifican sobradamente las críticas a nuestro sistema de representación parlamentaria.
