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Un aumento salarial del 20%, que pidió la coordinadora de gremios de funcionarios públicos, puede desequilibrar las cuentas estatales. Un análisis realizado por el equipo del exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, advierte que esto pondrá en riesgo la sostenibilidad del creciente gasto público en el país. Nuestro país es el que más plata destina, de su presupuesto, para salarios. El anterior gobierno venía reduciendo el porcentaje en forma paulatina.
ASUNCIÓN.- Los diferentes sectores de la sociedad civil han observado con grave preocupación la propuesta de un incremento salarial del 20% por parte de los sindicatos del sector público. Hace tan solo unas semanas atrás, se presentaban los datos comparativos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde Paraguay se situaba entre los países que más dinero público destina al pago de los funcionarios públicos.
En un informe, elaborado para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), por la Consultora MF del economista Manuel Ferreira, se evalúa el aumento salarial que consideran podrán en riesgo la sostenibilidad del creciente gasto público.
Según datos oficiales, cada funcionario público gana en promedio la suma de 4.400.000 guaraníes, mientras que un trabajador del sector privado, una suma bastante inferior, 2.400.000 guaraníes.
Sin embargo, más allá de las diferencias salariales, el aspecto de mayor relevancia está dado por la muy baja eficiencia y productividad del sector público. La ineficiencia generalizada en el funcionamiento de varias instituciones públicas claves hace que tal diferencia salarial sea un aspecto aún más preocupante. Por ende, un aumento generalizado, de alguna manera, premiaría la ineficiencia y baja productividad de ciertos sectores del Estado.
Por esta razón, el Estado está llamado a incrementar los niveles de eficiencia de sus instituciones, donde los funcionarios públicos tienen los salarios promedios más altos del país. Un incremento de salarios a los que más ganan, resultaría no solo costoso financieramente, sino sobre todo, sumamente injusto. Más aún para una sociedad que debe sostener sobre sus espaldas mediante el pago de impuestos, a un Estado que aún no ha mostrado niveles aceptables de desempeño.
Es importante mencionar, además, que los funcionarios públicos de ciertas instituciones no solo gozan de salarios superiores, sino que disponen también de varios privilegios suplementarios, como aguinaldos extras, premios por acudir a los lugares de trabajo, seguros médicos privados entre otros.
El pedido de reducción de horas de trabajo para los funcionarios públicos, de las ocho horas actuales a solo seis horas diarias, debido a la inexistencia de tareas según los sindicalistas, representa otra señal grave de lo que significa el Estado para algunos: un botín del cual servirse y no una plataforma para generar desarrollo inclusivo e integral.
Hay que indicar que el anterior gobierno del presidente Horacio Cartes, venía reduciendo paulatinamente el porcentaje, del presupuesto, destinado al pago de haberes al funcionariado público, de acuerdo a los datos.
