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ASUNCIÓN. La Cámara de Diputados sigue dilatando el estudio del pedido de pérdida de investidura que pesa en contra de tres de sus miembros; Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), Carlos Portillo (PLRA-Alto Paraná) y Tomás Rivas (ANR-Paraguarí). Todos ellos están siendo investigados por la comisión de graves hechos punibles. En el caso de Quintana cuenta con medidas alternativas a la prisión, tras permanecer en la cárcel durante 10 meses.
El tema –otra vez- no figura en el orden del día para la sesión ordinaria de mañana miércoles. Ni siquiera fue analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, pese a que transcurrieron más de un mes de la presentación de la solicitud.
Entre los integrantes de la Cámara Baja prevalece el cooperativismo, lo que hasta el momento impide el tratamiento del tema.
Al respecto, el presidente de Diputados, Pedro Alliana, indicó: “Tenemos que debatir y analizar los antecedentes de cada uno de los legisladores afectados. La pérdida de investidura es una cuestión muy grave que no debe tomarse a la ligera”.
Alliana considera que para que un legislador pierda su investidura se requiere de la Justicia una sentencia firme y ejecutoriada. “Nosotros estamos convencidos que debe haber una sentencia firme y ejecutoriada para que haya pérdida de investidura”, manifestó. Puso el ejemplo del diputado Ulises Quintana: “¿qué va a pasar si le sacamos la investidura y después el juez o el fiscal le da la libertad (sobreseimiento)?”.
Indicó que en muchos casos, a los parlamentarios se les exige asumir el papel de fiscales y jueces, roles que no les corresponden.
LAS IMPUTACIONES
El diputado oficialista, Ulises Quintana, quien estuvo encarcelado durante 10 meses, está imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación se inició con la captura de su amigo, presunto narcotraficante, Reinaldo “Cucho” Cabañas, actualmente preso en Tacumbú. Ulises fue beneficiado por una jueza con medidas alternativas a la prisión. En la jerga popular se lo definiría como “preso sambuku”, pero sigue ocupando su banca.
Por su parte, Carlos Portillo está procesado por el hecho punible de tráfico de influencias tras tomar estado público una grabación en la que pedía US$ 3.000 a una mujer, con la finalidad de arreglar un fallo judicial en tribunales del Alto Paraná, utilizando sus contactos.
Tomás Rivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Es por el supuesto pago de salario a sus caseros con dinero público.
