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El ministro de Hacienda, Santiago Peña, acusó a los opositores y a la disidencia colorada en el Senado de ejecutar un plan de “terrorismo contra la economía”. Dijo que ante la legalidad de emisión de Bonos Soberanos, solo cabe pensar que la pretensión del grupo es instalar el miedo en la ciudadanía y perjudicar al país. Propuso encontrar un límite y acabar con la política del vale todo. Reconoció que si no se emite, el país arriesga caer en cesación de pagos. Senadores y diputados oficialistas aseguran la legalidad de la emisión, porque el presupuesto actual vigente para el 2017 no es más que la repetición plena, total del presupuesto 2016, en todas sus partidas de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento.
ASUNCIÓN.- Los senadores disidentes y de la oposición desarrollan un fuerte plan para intentar desacreditar al gobierno y para ello deberán impedir la emisión de bonos. A esto, el ministro Santiago Peña denomina un tajante “terrorismo a la economía e instalar el miedo en la ciudadanía y así perjudicar al país”.
El gobierno y analistas financieros independientes, además de senadores y diputados oficialistas, coincidieron en afirmar que no existen dudas sobre la legalidad en la emisión “si así hubiera sido tendrían que enfrentar a la Justicia en las instancias correspondientes”, dijo Peña.
A estas críticas por la oposición se sumaron gremios empresariales, quienes cuestionaron por mezclar asuntos políticos con los intereses económicos y sociales del país, y que se diriman las diferencias de otra manera. La Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco) exigió a los Parlamentarios a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Los parlamentarios argumentan que durante este año, el Poder Ejecutivo vetó el presupuesto 2017 y esa decisión fue acompañada por el Legislativo, entrando así en vigencia nuevamente el documento que había sido aprobado para el año 2016, donde se estableció el bono a ser emitido.
A partir de esta situación los opositores al gobierno con fuerte apoyo de la disidencia colorada encabezada por el senador Mario Abdo Benítez iniciaron el plan para desacreditar los bonos incluidos en el PGN 2016. Al respecto, el ministro de Hacienda lamentó los discursos y acusaciones de estos congresistas “y tenemos que tratar de encontrar un límite, no podemos entrar en la política del vale todo”, consideró.
Fue más el funcionario: “Esto que estamos viendo parecería ya un terrorismo contra la economía, tratar de instalar el miedo y el temor en un momento donde el Paraguay está haciendo grandes avances en materia económica”, afirmó Peña.
Existen compromisos financieros que deben ser honrados con los ingresos generados en concepto de colocación de bonos del tesoro, “es así que esta fuente de ingresos forma parte integral del presupuesto que actualmente se está ejecutando sin inconvenientes”, apuntó.
Reconoció que si no se emiten US$ 550 millones “se entraría en un cese de pagos, lo cual haría mucho daño al país”.
“TRABARÁN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO”
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será una de las reparticiones más perjudicadas por la advertida coacción de senadores y diputados de la oposición, apoyados por la disidencia colorada. De la emisión de bonos depende buena parte de los proyectos de incentivo a pequeños productores y quedarán sin financiamiento, explicó Juan Carlos Baruja, titular de la cartera.
Dijo que “la actitud de senadores disidentes y opositores están intentando trabar el desarrollo del país”.
Los congresistas mencionados aseguran que la emisión no tendrá validez jurídica que a su criterio no tiene la aprobación del legislativo.
Baruja lamentó la decisión de los senadores opositores y disidentes de intentar trabar la emisión de bonos soberanos por parte del Poder Ejecutivo, “recursos que se necesitan para financiar los proyectos que beneficiarán a la ciudadanía productiva”.
Reiteró que esta actitud de un grupo de congresistas está conducida por algunas personas que “llevan cuestiones personales al extremo y arrastran al grupo con esa decisión de trabar buscan perjudicar al presidente Cartes, pero están castigando a la población paraguaya, trabando los recursos que podrían servir para infraestructura y asistencia a productores”.
