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Las penitenciarías de nuestro país afrontan viejos problemas que requieren de urgente solución. Esto quedó a las claras tras el incendio en el correccional de Ciudad del Este, donde murió un joven y varios quedaron con secuelas. Además, ayer también se registró una fuga en la cárcel de Villarrica, lo que demuestra la precariedad de la seguridad en el lugar. Según Aníbal Cabrera, de la coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, cerca de 450 adolescentes en Paraguay están privados de su libertad y solo el 5% tiene condena.
ASUNCIÓN.- El integrante de la coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia aseguró que los sucesivos gobiernos “no tuvieroninterés en solucionar esta situación”.
Puntualizó además que las prácticas de torturas en los centros penitenciarios son constantes. Resaltó que las bajas condenas de los adolescentes privados de su libertad es un hecho bastante grave para nuestro país. Indicó que desde las organizaciones sociales y civiles, así como del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas protestaron por esta situación.
Recordó que en abril de 2014 jóvenes internos fueron muertos dentro del Centro Educativo de Itauguá, tras una protesta que estaban realizando por las malas condiciones de vida que estaban soportando. “Este es uno de los ejemplo de cómo el sistema penitenciario para los adolescentes no funciona. Imagínate que 20 a 30 adolescentes que protestan porque estaban comiendo basura prácticamente y viviendo en condiciones infrahumana fueron asesinados. Una cosa es que las personas estén privadas de su libertad y otra cosa es que les quitemos la dignidad. Esta es una diferencia que tenemos que entender como sociedad, no es que tenemos que tenerlos como un animal”, acotó.
Mencionó que Paraguay firmó la convención de lucha contra todo tipo de tortura con las Naciones Unidas y cada tanto (4 a 6 años), tiene que presentar un informe sobre los avances para mejorar la situación del país en estos temas. “De ahí surge la listas de lo que tenemos que mejorar, el Estado paraguayo más allá de este gobierno debe observar los parámetros para mejorar a futuro, las fuerzas de seguridad”, apuntó Cabrera.
Señaló que muchas veces la Policía detiene a un chico en el bañado sur o norte de Asunción, lo pasean o secuestran un rato y les piden plata a sus familiares para luego llevarle nuevamente a la comunidad. “Este tipo de práctica se registra permanentemente en comunidades de situación de pobreza y la práctica de torturas en los centros penitenciarios” sostuvo.
Destacó que cuando el director de un centro educativo realiza práctica de torturas con los adolescentes y con los guardiacárceles, el Ministerio de Justicia lo que hace es trasladarlo a otra penitenciaría, cuando lo que debería de hacer es separarlo del cargo, sumariarlo y denunciarlo ante la Fiscalía. “Este personaje normalmente comete el mismo hecho en su nuevo lugar y es una atrocidad lo que hace el ministro de Justicia”, refirió el integrante de la coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
