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Transcurre el tiempo y las graves irregularidades destapadas en la petrolera estatal son ignoradas por el Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Comercio desaparece y el Ministerio Público, hasta ahora, no designa a fiscales que investiguen las denuncias. Los malos manejos de la entidad perjudican a todo el país, por el gran impacto que va directo sobre la economía, en general, y en la canasta familiar, en particular, dijo Aldo Almirón, titular de la Asociación de Operadores de Petropar.
ASUNCIÓN.- Las instituciones, directamente involucradas con Petropar, hasta el momento, solo apañan las irregularidades cometidas por su titular, Patricia Samudio. Su poder impide incluso que la Fiscalía inicie las investigaciones sobre su actuación.
El Ministerio de Industria y Comercio está ausente, pues, desde que estalló el caso en los medios, la jefa de esta institución, Liz Cramer, no hizo público su postura en relación al caso. En cuanto al jefe de Estado, es conocido que apaña la gestión irregular de la funcionaria.
Aldo Almirón, presidente de la Asociación de Operadores de Petropar, explicó que “la marca nacional es un ente regulador y que, por lo tanto, juega un papel importante en la marcación de los precios de los hidrocarburos y, cuando existe un mal manejo evidenciado, ya probado con documentos, ocurre un efecto grave que castiga a la población como la subida de precios de los combustibles, de la canasta familiar y el pasaje”, mencionó.
Insiste, que todo el país está sufriendo por las irregulares determinaciones de Samudio para favorecer a su esposo, a empresarios de su sector y al entorno del presidente de la República.
Los operadores de Petropar, atacados por Samudio, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se inicie una investigación, pero hasta el momento la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, no designó un agente que tendrá a su cargo el proceso.
El manto de impunidad que rodea a Samudio se materializa por las acciones mencionadas: la bendición del presidente Mario Abdo, el silencio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la ausencia de la Fiscalía.
Como parte de la exigencia a la Fiscalía, Almirón destaca, que “esta gente está manoseando Petropar, que se instaló en el mercado para beneficiar a la ciudadanía; que salió a competir para romper un oligopolio, pero ahora están castigando a todos los paraguayos”.
Los operadores insisten, a través de su abogado, Luis Villamayor, “que las instituciones actúen en favor de la petrolera y de la ciudadanía y que corrijan la problemática instalada de la mano de Patricia Samudio”, agregó Almirón.
La Fiscalía, hasta el momento, sigue sin designar al agente que investigará las dos denuncias presentadas y además, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) evita tocar el tema en cuestión y “estamos esperando que tomen cartas en el asunto, porque es grave, deben darnos respuestas, el presidente se debe a los habitantes del Paraguay, no a una persona que está dañando Petropar en beneficio propio y de su entorno”, dijo finalmente Almirón.
Criticó que sean tildados de morosos y dijo que son solo siete empresas de las 150, que trabajan con la petrolera estatal y que están en esa situación, según reveló la propia Samudio.
