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El raciocinio técnico que Hacienda imprimió en la defensa del Presupuesto General de la Nación (PGN) no prosperó en el Congreso y terminó imponiéndose el criterio populista, electoralista, para granjearse 350 mil votos del funcionariado público, perjudicando a 7 millones de habitantes que deberán sufrir las consecuencias. Diputados inició la sesión extra y por 44 votos rechazó el veto parcial del Ejecutivo y el Senado lo coronó en el mismo sentido. Ambas cámaras decidieron con la mente puesta a las generales de abril y lo hicieron sin disimulo y en ese sentido Desireé Masi envió un mensaje promesa a los funcionarios: “vamos a ver si podemos resolver en 2018”.
ASUNCIÓN.- Al final, en el Senado, solo los senadores de Unace y el oficialista Carlos Núñez votaron por el veto parcial del Ejecutivo al inflado Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, y ratificó la sanción que más temprano decidió Diputados.
En la Cámara Baja se verificó una endeble defensa del oficialismo a favor del veto parcial y en la votación fueron superados 44 votos, tres más de la cantidad mínima (41) para rechazar la objeción. La determinación en esta instancia ya aseguraba la vigencia del PGN 2018 aprobaba de manera automática por el Senado, en diciembre pasado.
De esta forma, mantuvieron los aumentos salariales entre los que se incluye al sector de salud, educación, ANDE e INC, Ministerio Público y otros entes menores que totalizan un desborde de US$ 87 millones, de los cuales US$ 40 millones quedan flotando, sin fuente, violando lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que según Desireé Masi llegaría a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Constitucionalmente el Poder Ejecutivo está con las manos atadas, sin posibilidades de reaccionar y ahora deberá hacer una reingeniería financiera para cumplir con el incremento del 16% para docentes, 30% para profesionales de blanco, 12% para la Industria Nacional del Cemento (INC) y G. 600.000 para cada uno de los 4.500 funcionarios de la ANDE.
En cifras los aumentos de salarios exigirán:
US$ 15 millones para Salud
US$ 26 millones para educación
US$ 4,6 millones para ANDE
US$ 1,1 millones para INC
VETO
El Poder Ejecutivo había vetado parcialmente el PGN 2018 por considerarlo ilegal debido a que estaba por encima del tope que determina la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) del 1,5% del PIB. Los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda determinaron que los aumentos salariales llevaban al PGN al 1,7% del PIB. En la sesión de ayer, la senadora Masi apuntó que con las ampliaciones presupuestarias de US$ 15 millones, más los aumentos, llega al 2,5% del PIB.
El gobierno se vio obligado a plantear las ampliaciones para reponer el destrozo que el Senado ocasionó al PGN 2017 y que obligó al Ejecutivo a vetarlo totalmente.
En la sesión de ayer solo en Diputados se realizó un tímido debate a favor del veto parcial con el principal argumento de “la desfinanciación de US$ 40 millones y elevará el déficit fiscal a 1.7%, superando lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Tampoco tuvo mucha relevancia que la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos, uno sobre IVA a cooperativas y otro sobre la devolución de impuestos a agroexportadoras, “lo que significa una disminución importante de ingresos al fisco, puntos que se deben tener en cuenta al analizar el plan de gastos 2018”, dijo Clemente Barrios, líder de la bancada oficialista. Por entonces las razones populistas y electoralistas fueron más fuertes y convincentes
