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Piden aumentos que orillan los 200 millones de dólares

Eduardo Petta.

ASUNCIÓN.- La voracidad de los titulares de las distintas reparticiones públicas es realmente inaudita, porque se supone que deben respetar el pedido (PGN-2019) enviado por el Poder Ejecutivo. Con un aumento de aproximadamente 200 millones de dólares, y de aprobarse así, el Presupuesto General de la Nación estará violando lo que estable la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), de que el déficit fiscal no será superior al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto de presupuesto 2019 asciende a 80,2 billones (US$ 13.950 millones), 7,6% más con respecto al vigente, contempla un déficit de G. 3,8 billones (US$ 660 millones), equivalente a 1,5% del PIB.

Sin embargo, los representantes de las reparticiones públicas que acudieron al Congreso  para defender sus presupuestos para el año que viene, pidieron aumentos que ya llegan a los 200 millones de dólares. De aprobarse estas solicitudes, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 estará violando lo que estable la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de que el déficit fiscal no será superior al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El más grande pedido de aumento fue realizado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que solicitó 346 mil millones de guaraníes de ampliación en relación al que estipuló el Ministerio de Hacienda.

El Poder Judicial pidió aumento de su presupuesto en 280 mil millones de guaraníes, mientras el Ministerio Público, G. 180 mil millones de guaraníes. A su vez, el Ministerio de la Defensa Pública pidió más 26 mil millones de guaraníes. En tanto que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) solicitó recursos extras por 150 mil millones de guaraníes para el próximo año.

Con la suma total, el PGN de 2019 estará muy inflado y se estará violando la LRF, que establece claramente que el déficit fiscal no debe superar el 1,5% del PIB. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se ajusta a la norma legal y no hay margen para aumentos, esto fue sostenido por el propio ministro de Hacienda, Benigno López.

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