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La Junta Municipal de Ciudad del Este resolvió encomendar a la Municipalidad iniciar las gestiones necesarias para realizar una mensura judicial en la finca 66, que abarca numerosos barrios densamente poblados de la capital del Alto Paraná. Dicho inmueble tiene una larga historia de conflicto. La Corte Suprema de Justicia se expidió sobre la situación en el año 2007, confirmando que se trata de un inmueble municipal. La Inmobiliaria del Este S.A. también se vio involucrada en el problema, al autodeclararse propietaria de los inmuebles. Llovieron las denuncias de ventas irregulares.
CIUDAD DEL ESTE.- El legislativo municipal, por resolución 550/2017, dispuso el martes pasado, encomendar a la Intendencia la realización de la medición, a pedido de una asociación de moradores afectados por la indefinición del conflicto.
El inmueble fue expropiado a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, por Ley 35/90. Son las fincas 66/59, con 605 hectáreas, y la finca 13.471/580, con 150 hectáreas. Los inmuebles abarcan varios populosos barrios del km 3,5, hasta el 7,5. Se trata de los barrios Pablo Rojas, Che la Reina, La Blanca, Mburucuyá, Don Bosco, Carolina, Ñasaindy, y otros.
El presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado (PLRA), rememoró que la máxima instancia judicial, mediante la S.D. 673/2007, confirmó que las fincas pertenecen a la comuna local. Dijo que por ello, la institución debe buscar la regularización de la situación de ocupación de centenares de familias que ocupan dichos terrenos.
“Con esta mensura, el objetivo es determinar la situación real de los inmuebles. La Municipalidad debe otorgar arrendamientos y adjudicaciones para que quienes los ocupan pueden regularizar sus documentaciones”, resaltó.
Indicó que con la mensura se conocerá si son reales las documentaciones que fueron surgiendo a lo largo de los años. Apuntó que la finca 66 tiene una mayor extensión de la que hicieron figurar, y que incluso la Inmobiliaria del Este S.A. promovió desalojos aparatosos con derrumbes de viviendas de material.
“Una vez aclaradas las situaciones de los terrenos, los moradores ya no podrán ser amedrentados o manipulados por políticos, porque ya contarán con sus títulos de propiedad”, expresó Mercado.
VENTAS
Varias organizaciones críticas a los Zacarías, a cargo de la administración comunal hace 17 años, denunciaron ventas de los inmuebles a grandes empresas privadas.
