La Federación Nacional Campesina pide mayor apoyo para la producción nacional y combate al contrabando.
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Plenaria: Agricultores analizarán medidas anticontrabando

ASUNCIÓN.- La Federación Nacional Campesina (FNC) analiza posibles medidas para exigir el combate al contrabando de alimentos de consumo básico, que afecta a la economía campesina, según adelantó Marcial Gómez, del citado gremio. Anunció que este fin de mes está prevista una plenaria para decidir las acciones a tomar.

Asimismo, Gómez señaló que se reunirán para pedir al Gobierno Nacional medidas más firmes para enfrentar el flagelo. “Es una preocupación la seguridad para los pequeños productores, como los del  departamento Central que mañana se movilizarán en el km 23 de J. Augusto Saldívar porque no están pudiendo vender su lechuga por el contrabando que abarrota nuestro mercado”, dijo.

Señaló que el contrabando afecta la soberanía alimenticia porque se reduce la producción de consumo nacional de alimentos diarios básicos y hay mucha dependencia de la importación en el consumo local. “Tenemos toda la predisposición para trabajar juntos, nos reunimos, denunciamos, llevamos propuestas a la institución (Ministerio de Agricultura) para que juntos, instituciones y todos los sectores enfrentemos y defendamos nuestra producción nacional. Pedimos que el MAG tenga políticas claras para que juntos potenciemos la producción de nuestro país”, agregó.

Mencionó que otra preocupación es el tema climático que afecta a las plantaciones. “La sequía en diversas zonas, como en Canindeyú que no llovió hasta diciembre, el ataque de plagas, como el gusano marandová, las granizadas, en gran medida perjudicaron la producción, la situación climática es un problema”, indicó.

Con respecto a la sanción del proyecto de ley que incluirá a la banana nacional en la  lista de alimentos para la merienda escolar, expresó que la normativa favorecerá a los productores locales.

Agregó finalmente que es necesario seguir simplificando los procesos para aplicar efectivamente la ley que establece la compra pública de productos de la agricultura familiar, para que los productores individuales puedan ser proveedores del Estado en el rubro alimentos, para las meriendas escolares o alimentación en penitenciarias y hospitales.

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