Lunes , octubre 22 2018
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Pobre Marly…

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Hay temas que deben ser investigados independientemente de la poca o nula autoridad moral del denunciante, si los datos que éste aporta revisten la seriedad necesaria para el efecto, lógicamente. Es el caso, por ejemplo, de los operativos en los cuales resulta detenido algún jefe “narco” o cae desde una “mula” hasta un cargamento importante de drogas, generalmente fruto de la delación de otro integrante de la misma banda o de otra que le disputa el territorio, como probablemente haya acontecido con Reinaldo “Cucho” Cabañas, quien arrastró al diputado “abdista” Ulises Quintana detrás suyo.

No estamos descubriendo la pólvora. No fue “casual” que el secretario de “Cucho”, Diego Medina Otazú, fuera sometido a un “control de rutina” en la ruta 2, en el cruce Nueva Londres, y menos que inspeccionaran su vehículo, lo cual no es frecuente,  en el que, “oh sorpresa”, la Policía encontró la suma de 190.000 dólares, cuyo requisamiento ni destino fueron informados al Ministerio Público.

Pasa lo mismo en el caso que afecta al diputado liberal Carlos Portillo. La denuncia partió de una ciudadana de nombre Auda Fleitas, conocida como “La Contadora”, involucrada hace un par de años en un proceso que se le siguió por estafa y que le costó primero la cárcel y luego prisión domiciliaria. La señora después brindó testimonio contra el legislador y brindó como pruebas los audios de comunicaciones telefónicas mantenidas con éste, en el que le solicita cierto monto de dinero a cambio de un fallo judicial que la beneficie.

También sucedió algo similar con las escuchas telefónicas que le costaron el cargo de senador a Óscar González Daher y que, tarde o temprano, derivará en la privación de su libertad. Esto fue denunciado por un diario de larguísima trayectoria en el campo del chantaje y la extorsión, perteneciente a una familia reconocidamente mafiosa.

Podemos seguir con muchos otros ejemplos nacionales. Ni hablar de los internacionales, como es el proceso que le sigue a Cristina Fernández de Kirchner el juez Claudio Bonadío, quien después de su ex colega Norberto Mario Oyardibe, “jubilado” por corrupto, es quien más denuncias acumula ante el organismo que juzga a los magistrados en la Argentina, totalizando 51, o de los empresarios archi bandidos del Brasil, que se acogieron a la figura de la delación premiada para lograr una reducción de sus condenas.

Decimos esto porque la presentación de una denuncia, para dar pie al inicio de una investigación de la fiscalía, la Senad, etcétera, no exige como requisito un carnet de honestidad de parte de quien la promueve. Lo que exige es que existan suficientes elementos como para impulsar un proceso, acusar y llevar a juicio al denunciado.

Los ejemplos vienen al caso porque el día de ayer, el “senador mau” Rodolfo Firedmann, solicitó al pleno que en la próxima sesión se debata un proyecto de declaración que inste a la fiscalía a investigar al Grupo Cartes. Y tiene derecho a hacerlo, como cualquier otro bandido, a lo que en su caso podríamos agregar “emocionalmente inestable” e indigno, por usurpar una banca sin ser electo. Pero a diferencia de los casos citados anteriormente, su “pedido” fue tan disparatado, tan trillado y sin el menor fundamento, que ni siquiera obtuvo el respaldo de todos los miembros del bloque mayoritario que controla el Senado, salvo de los “abdistas”, el luguismo y grupos menores que aspiran desesperadamente a algún “zoquete”.

No podemos darle entidad a una persona de sus características, ni siquiera para criticarle, por más que desde el gobierno le den riendas sueltas para desarrollar el trabajo sucio. Solo nos resta compadecernos de sus allegados más cercanos, de sus seres queridos, a quienes con sus actos debe seguir produciéndoles mucha vergüenza.bre Marly…

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