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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuya misión es nada más y nada menos que garantizar la transparencia de los procesos para designar a nuestras autoridades, es nuevamente escenario de un escándalo de vastas proporciones. A las “tradicionales” denuncias contra los ministros Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, por las más variadas causas, se suma ahora la de uno de ellos en contra de una alta funcionaria, a la que acusa de haber montado un “poder paralelo” en la institución. Un hecho que, a simple vista, solo puede calificarse de extremadamente grave, sin embargo no generó la reacción de sus pares, ni de la dirigencia política, ni de gran parte de la prensa, la cual solo destinó algunas líneas al tema, pero sin dimensionar la magnitud del problema.
Wapenka denunció días atrás a Norma Noguera, conocida como “la cuarta ministra”, quien se desempeña como coordinadora general de Administración y Finanzas, además de ejercer la dirección interina de Contrataciones Públicas. Lo hizo nota mediante, dirigida al presidente Bestard, en la cual destaca que la citada funcionaria incurrió en “gravísimas faltas”, citando entre ellas “amenaza, falta de respeto y cuestionamientos de índole muy personal” a la propia magistrada.
Hasta ahí, podría considerarse como una cuestión que podría solucionarse rápidamente, con el despido inmediato de la Noguera, quien ejerce un cargo de confianza. Pero unos párrafos más abajo, la denuncia alcanza ribetes sorprendentes, al acusar a ésta de haber creado “una estructura de poder paralelo, usurpando funciones y creando malestar con los demás directores”.
No sabemos hasta dónde llega el poder de Noguera, pero que lo tiene, lo tiene. Se sabe que reúne en sí las funciones de contratar y pagar, lo cual no es para nada frecuente en la administración pública, que tiene el respaldo pleno del titular del TSJE y que, por algún motivo, puede “basurear” a uno de sus jefes, sin sufrir por eso la menor consecuencia, ni siquiera ser sometida al formal “sumario” que suele practicarse para enfriar un caso hasta que se olvide.
Si Wapenka dice la verdad y “la cuarta ministra” montó un “poder paralelo” en el máximo organismo electoral de la República, no puede permanecer callada, como lo está haciendo. Al contrario, debe exponer los fundamentos de la denuncia, formalizarla ante los órganos jurisdiccionales pertinentes y poner en conocimiento del Congreso Nacional. Y si no lo hiciere, por las razones que fueren, es el Congreso el que debería tomar cartas en el asunto por propia iniciativa, solicitando informes y/o recurriendo al mecanismo de la interpelación.
El TSJE y sus ministros ya fueron acusados en reiteradas ocasiones por presuntos hechos de corrupción que nunca se esclarecieron. Sobrefacturaciones, alquileres “truchos”, planillerismo, contratación de empleados particulares de algunos de los ministros, etcétera, etcétera, pero a todo esto ahora se suma, además, la supuesta existencia de un poder que actúa desde la oscuridad, con total discrecionalidad, según sostiene una de sus máximas autoridades.
Es imposible que esto “se deje pasar”, al igual que tantas otras cosas. ¿Cómo seguir depositando nuestra confianza en materia de transparencia electoral, en una institución tan zarandeada por la corruptela de sus funcionarios y cuyos ministros, en este caso ministra, está diciendo lo que dice?
Y algo más. La nula reacción que hasta ahora se observa tiene que ser motivo de igual o mayor preocupación, pues indica que estamos perdiendo la capacidad de asombro ante cuestiones que deberían provocar nuestro rechazo e indignación.