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El exintendente de Acahay, departamento de Paraguarí, el liberal Alejo Fretes, está sindicado por millonarias tragadas al frente de la Municipalidad. La Contraloría realizó una auditoría a su gestión en el ejercicio fiscal 2013 y detectó varias irregularidades. La Fiscalía decretó su prisión hace varios días, pero llamativamente los policías de la zona no lo encuentran, aunque los pobladores aseguran que vive campante en su casa.
ACAHAY, Dpto. de Paraguarí.- La Contraloría General de República (CGR) realizó un examen especial a la ejecución de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de Royalties y compensaciones, así como del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), a la Municipalidad local correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
Según el informe de la Contraloría, la administración municipal realizó pagos de gastos corrientes con recursos provenientes de los royalties y compensaciones, que no tuvieron relación con gastos de capital, dichos pagos fueron imputados en el objeto de gasto 144 en concepto de jornales, durante el ejercicio fiscal 2013, por un monto total de G. 132.281.385.
Por otra parte, de acuerdo a los auditores de la Contraloría la administración municipal realizó pagos en concepto de transferencias de capital a varios comités, clubes y comisiones vecinales del distrito de Acahay, por G. 60.300.000 sin rendición de cuentas, en contravención al Art 92°- soportes documentarios para el examen de cuentas del decreto N° 8.127/00.
VERIFICACIÓN DE OBRAS FINANCIADAS CON ROYALTIES
Referente a las obras encaradas con recursos de royalties, la Contraloría encontró pago realizado por la Municipalidad a la firma “empresa constructora” G.107.533.458 en concepto de construcción de empedrados en varias calles de la ciudad, sin que los responsables de la comuna hayan proporcionado al equipo auditor los documentos como: carta de invitación a proveedores, acta de apertura de sobres, informe de evaluación técnico, entre otros.
Igualmente, los auditores detectaron que la Municipalidad de Acahay desembolsó la suma de G. 557.838.196 a la empresa “San Luis Construcciones Civiles y Materiales” en concepto de remodelación de la plaza “Mariscal Francisco Solano López” G. 128.756.824 conforme acta de recepción definitiva, orden de pago y factura contado de fecha 30/08/13, sin embargo conforme verificación in situ los mismos no se encuentran concluidos.
VERIFICACIÓN DE OBRAS FINANCIADAS CON FONACIDE
Por otra parte, la Contraloría reveló que la Municipalidad de Acahay firmó un contrato en fecha 25/03/13, con la empresa NM Construcciones de Nery Rafael Martínez Garcete, para la reparación y construcción de aulas por un monto total de G. 450.000.000 de los cuales conforme verificación in situ se constataron la no ejecución por G. 38.659.500.
Se efectuaron pagos varios en concepto de construcciones, reparaciones y mantenimientos financiados con fondos provenientes de Fonacide por importa de G. 850.202.558 y con fondos provenientes de Royalties por G. 1.086.292.286 sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”.
LA FISCALÍA LO QUIERE PRESO
La Fiscalía ordenó la detención preventiva del exintendente municipal Alejo Fretes (PLRA) por lesión de confianza por el supuesto faltante de más de G. 3.500 millones. La denuncia fue hecha por el intendente actual Alcides Sosa (ANR).
La Junta Municipal, en el 2015, había rechazado la ejecución presupuestaria del Ejecutivo municipal por falta de documentaciones que justifiquen las erogaciones realizadas por su administración. Los antecedentes del caso fueron denunciados ante la Contraloría General de la República (CGR).
Ante dicha situación se solicitó los antecedentes del caso a la CGR, cuyos funcionarios confirmaron la denuncia por falta de documentos que respalden las inversiones realizadas en los rubros de Fonacide y Royalties.
La Fiscalía ordenó que se inicie la pericia contable y arquitectónica de las obras para poder cuantificar si hubo daño patrimonial y, una vez que culmine la investigación, poder determinar a cuánto asciende el perjuicio a la institución municipal.
La orden de detención se encuentra en poder de la Policía Nacional y, una vez que Fretes sea detenido, deberá brindar declaración ante la Fiscalía local, concluyó el agente. Pero según los pobladores, el exintendente estaría siendo protegido por las mismas autoridades policiales y los políticos de la zona.
