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ASUNCIÓN.- El fiscal Hernán Galeano tiene las pruebas enviadas por la Dirección de Migraciones, de que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral no estaban en el país cuando, supuestamente, estaban en viajes de trabajo por los que cobraron millonarios viáticos. Pero sigue sin imputarlos, lo que genera preocupación por los entuertos a los que esta gente nos tiene acostumbrados.
Cuando la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción decidió investigar de oficio las denuncias en contra de María Elena Wapenka primero y luego de Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard, designó a Galeano como el fiscal de la causa, quien, rápidamente, abrió el expediente y consultó con Migraciones sobre las fechas que los tres habían cobrado viáticos, constatando que no se encontraban en el país.
Y allí paró todo. Desde entonces no se ha vuelto a hablar del tema, lo que llama poderosamente la atención porque en estos últimos meses, los tres miembros del TSJE han demostrado que están dispuestos a comprar a quien fuere con tal de permanecer en el cargo, salvarse del juicio político y de la Justicia ordinaria.
Ramírez Zambonini, Bestard y Wapenka recibieron millonarios montos en concepto de viáticos por viajes de trabajo al interior que no realizaron
La imputación contra los tres miembros del TSJE debe hacerse cuanto antes, también la designación del juez que llevará la causa. Las causas serían cobro indebido de honorarios y lesión de confianza, delito que tiene una expectativa de hasta 5 años de prisión. Para algunos magistrados esto sería suficiente para decretar la prisión preventiva de los procesados, pero no es lo que ocurre con frecuencia, y menos aún en un caso tan mediático como todo lo que tiene que ver con las irregularidades que se cometen en la Justicia Electoral.
Suponemos que Ramírez Zambonini, Bestard y Wapenka no recibirán prisión preventiva sino medidas alternativas. Lo importante es que en este caso no se cometa el grave error de cuando el liberal fue imputado por haber montado el esquema de planilleros en la Justicia Electoral. Ahora los imputados deben recibir la orden de no acercarse a la institución, a fin de que no puedan seguir fungiendo de máximas autoridades, cometiendo miles de abusos e irregularidades.
