ADN Digital
La elaboración de un paquete de leyes que otorgue herramientas eficaces para el combate al crimen organizado es un acontecimiento aplaudido por todos los sectores. Más allá de que hay una clara sensación de que la impunidad de la que gozan los capomafiosos en nuestro país es producto, no de la falta de leyes sino de personas con suficiente capacidad y valentía para aplicarlas, también somos conscientes de que hay una clara debilidad en nuestro derecho positivo, que debe ser subsanada con contundencia.
Por eso nos llama la atención la poca información previa que se dio en torno al trabajo que se estaba realizando para armar un paquete de leyes en contra del lavado de dinero y el crimen organizado, que sí fue presentado de manera pomposa y mediática. Tal como lo dijo el jurista Jorge Vasconsellos, llama la atención el secreto en torno al tema, puesto que, al tratarse de leyes penales, uno esperaría que se socializaran los proyectos, compartiéndolos en espacios de debates con sectores ciudadanos y universitarios.
Nada de esto se hizo. La presentación tomó de sorpresa a más de uno y al ser consultada, la mayoría comentó no tener idea de qué se trataba. De hecho, en los medios de comunicación la noticia se basó en repetir lo que dijeron los expositores durante el acto protocolar. Más allá de que los proyectos vayan a estar pronto al alcance de todos, hubiera sido muy positivo participar, por lo menos desde lejos, de su elaboración.
Generan más dudas aún las expresiones de la ministra de la Seprelad, el órgano que será más afectado por la puesta en vigencia de las nuevas leyes puesto que encabezará el combate al narcotráfico y delitos conexos, de este paquete apenas contiene el 10% del total de leyes que se requieren, y es el límite a fin de evitar que Paraguay integre una lista gris o negra de países que parecen poco predispuestos a colaborar con el combate del flagelo a nivel mundial.
Así que es algo así como una rápida lavada de cara para que, a nivel internacional, nos vean como comprometidos con esta lucha cuando que, en realidad, no hay una intención seria de adecuar nuestra realidad a este compromiso.
Esto es muy grave porque no solamente estaríamos engañando a la comunidad internacional sino a nosotros mismos. El presidente de la República ha repetido hasta el cansancio que su lucha contra el crimen organizado será incansable y no cejará hasta eliminarlo o, por lo menos, dejarlo seriamente herido. Si esto es cierto y el análisis de la situación dice que estamos flojos en materia legislativa, pensamos que hay bastantes elementos adecuados y preparados para zanjar el problema. Esto significa que el 90% que falta debe hacerse cuanto antes, con un sentido de responsabilidad y seriedad que comprometa a los tres poderes del Estado que el jueves pasado se lucieron con la presentación de este paquete.
Claro que todavía seguirá el problema de la impunidad, esa que hace que, a pesar de las leyes, de las fuerzas del orden y de los discursos presidenciales, los delincuentes sigan protegidos y gozando de privilegios, pero ya será cuestión de adecuar la actuación de los servidores públicos a las leyes, y si estas contemplan castigos no solo para los delincuentes sino para sus cómplices y encubridores, quizá llegue un momento en el que haya menos predisposición para proteger a los delincuentes. Pero hay que hacer un trabajo serio para que esto ocurra, no un mero show.