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ASUNCIÓN. Los principales beneficiados con la decisión del Senado, de aceptar el veto del Ejecutivo a la Ley que reglamenta la pérdida de investidura, son los diputados Carlos Portillo (PLRA) y Ulises Quintana (ANR), cuya destitución habían pedido, hace varios meses, sectores ciudadanos que contaron con el apoyo de un sector de la Cámara Baja.

Luego del entusiasmo que resultó con el ramalazo de valentía y honestidad que atacó al Congreso durante la última parte del año pasado y primeros meses de éste, cuando tuvieron que dejar sus bancas varios senadores y un diputado, la cosa empezó a desinflarse y tuvo su golpe de gracia con la decisión del Senado que envió al archivo la ley conocida como de “autoblindaje”.

Aunque no se necesita ninguna ley para expulsar a un legislador de la cámara, como bien lo comprobaron Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, la excusa de los diputados para proteger a Portillo fue que no se lo podía juzgar si no existía una ley reglamentaria de la pérdida de investidura, argumento con el que luego fue beneficiado Quintana.

El temor de los diputados, al parecer, es que si sus colegas son expulsados, hay varios de ellos que podrían correr la misma suerte, como el caso de quien fuera presidente de la cámara, el abdista Miguel Cuevas, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.