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Posturas dispares ante Ley de protección de niños y adolescentes usuarios de internet

ASUNCIÓN.- El 10 de mayo, el proyecto de Ley de protección a niños en la plataforma de internet, tendrá sanción automática. El mismo plantea una completa censura en la red, según manifiestan organizaciones que luchan por una cultura virtual libre.

Ayer el Senado introdujo algunas modificaciones al proyecto de Ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos de internet”, cuyo objetivo es regular jurídicamente los contenidos inapropiados que son difundidos en la plataforma, de modo a velar por la protección de niños, niñas y adolescentes.

Para el efecto se deberá establecer indicadores técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores y los programas para bloquear el acceso a sitios perjudiciales.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) estará a cargo de la elaboración de los parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores. Además, la fiscalización y el control del cumplimiento serán efectuados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

La propuesta ahora se encuentra en la Cámara de origen, la de Diputados, para nuevo estudio.

La organización TEDIC, encargada de desarrollar tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales a favor de una cultura libre en internet, demostró su postura contraria al proyecto de Ley. Asegura que la normativa busca solamente atacar las consecuencias y no las causas.

“Este proyecto de ley no establece suficientes garantías para la protección de la libertad de expresión, ni el debido proceso de los usuarios y además impone obligaciones difusas o desproporcionadas a los intermediarios que no deberían ser responsabilizados civilmente por daños surgidos por contenidos generados por terceros”

Resalta que la Ley es desproporcionada y afecta al derecho a la libertad de expresión. “Este proyecto de ley no establece suficientes garantías para la protección de la libertad de expresión, ni el debido proceso de los usuarios y además impone obligaciones difusas o desproporcionadas a los intermediarios que no deberían ser responsabilizados civilmente por daños surgidos por contenidos generados por terceros”, publicó en su página web.

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