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Así lo anunció uno de los representantes jurídicos de la Asociación de Operadores de la petrolera estatal, Luis Villamayor. La señora Patricia Samudio incurrió en actos ilícitos al transferir montos millonarios de Petropar, depositados en bancos privados, a otra institución financiera del sector privado, en lugar del Banco de Fomento, afirmó. También cuestionó el “aval” dado a la funcionaria por parte del procurador general, Sergio Coscia, de cuestionados antecedentes.
ASUNCIÓN.- La presidente de Petropar deberá preparar a sus abogados para responder a una serie de denuncias por irregularidades que pudo haber cometido al frente de la compañía del Estado. Lo que ya deberían haber hecho la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público de oficio, lo van a forzar ciudadanos que se sienten defraudados en sus intereses.
Luis Villamayor, abogado de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines del Emblema Petropar (AOPE) informó que están clasificando los documentos que tienen a disposición y analizan el momento de la presentación de una denuncia judicial contra Patricia Samudio. Asegura que existen elementos que prueban irregularidades perpetradas por la funcionaria.
“Estamos seguros que ha violado varios tipos legales que ameritan una investigación e incluso la intervención de la Seprelad”, apuntó Villamayor y a continuación sostiene que “vamos a recurrir a todos los instrumentos legales que existan, de amanera a hacer valer nuestros derechos y que estas irregularidades de una vez por todas sean corregidas”.
Los operadores de Petropar fueron los primeros perjudicados por las determinaciones de Samudio “y esto está demostrado suficientemente. Patricia Samudio al parecer quiere equiparar todos los precios de combustibles con el sector privado, además que viola la Ley del Presupuesto, que en el artículo 228 estipula que todos los haberes deben ser depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), dijo Villamayor.
Insistió en su crítica: “Ella indignada, junto a un procurador que confesó haber producido facturas falsas, sale indignada a denunciar que descubrió en la administración anterior la compra de gas a un precio que no estaba indicado en el contrato vigente. Si es así, que haga la denuncia, pero que también confiese”, dijo.
QUE SE ENTREGUE
La responsable de Petropar denunció supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de Eddie Jara Rojas y sobre el punto, el abogado de los operadores apuntó que “ella anunció que hará una denuncia ante la Fiscalía al respecto de esas irregularidades, ojalá cuando lo haga también se entregue ella misma como culpable del mismo delito, porque ella hizo exactamente eso, compra de gas inclusive de un competidor de Petropar”.
Elevó la puntería de sus críticas y exige al presidente de la República que enderece LA VALE. “El señor Abdo Benítez ganó el voto de millones de paraguayos al prometer un ‘Paraguay para la gente’; sin embargo, hasta ahora sus acciones no han demostrado eso, porque sigue sosteniendo en los cargos a personas que gobiernan de manera mezquina y en contra de los intereses de la ciudadanía”.
JEFES DE SAMUDIO CALLAN, PERO EL PROCURADOR HABLA
Después de Patricia Samudio, titular de Petropar, solo Sergio Coscia, procurador general de la República, habla de la situación de la petrolera y nadie más; mientras se espera el regreso del presidente Mario Abdo Benítez para hacer nuevas consultas sobre qué hacer con el caso de la empresa estatal, envuelta en irregularidades desde que asumió la nueva administración.
Mientras esto ocurre, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) guarda silencio; de hecho hasta el momento no se desmintió una discusión entre su titular, Liz Cramer, y Samudio por el aumento inconsulto.
Horas después del primer anuncio del aumento de los combustibles, la ministra Cramer convocó de urgencia a la presidente de Petropar y le exigió explicaciones de lo que estaba haciendo y que fundamente acabadamente la determinación de aumentar el precio de los carburantes. Agregó a su reclamo el hecho de actuar de manera inconsulta con sus jefes directos. La ministra se enteró a través de los medios sobre los movimientos de Samudio.
El procurador general se alzó con la responsabilidad de intentar desviar la atención de lo más importante; las sospechas de irregularidades de Samudio. Rápidamente, como intentando ocultarlo, relató que se detectó un supuesto daño patrimonial en la petrolera de G. 3.000 millones y para su esclarecimiento se solicita la intervención de la Fiscalía. Es la misma que presentó el martes pasado la presidente de Petropar, apuntando como responsable a la administración de Eddie Jara Rojas.
Dijo que “observando los documentos hay sospechas bastante evidentes de daño patrimonial, teniendo en cuenta las diferencias de precios” y agregó que “esos G. 3.000 millones que se pueden apreciar a simple vista con las comparativas de planillas se dieron en los últimos seis meses de la gestión anterior”. Estas irregularidades se detectaron principalmente en la venta de combustibles y gas licuado de petróleo.
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN
Los documentos internos de Petropar que llevan la firma de Patricia Samudio –pese a que negó los hechos- la ubican en el ojo de la tormenta. La comisión de varios sucesos que al menos aparecen hasta el momento como “obscuros manejos”, evidencian que está involucrada en un plan de favorecer irregularmente a intereses extraños a la compañía.
En reunión de prensa realizada el martes pasado se esperaba que estos temas, al menos serían abarcados más seriamente, pero lo que hizo Samudio fue lanzar intentos verbales (sin documentos que la respalden) por demostrar una supuesta persecución política.
Se la notó bastante alterada, intentó desviar la atención de lo más importante, al no responder a los periodistas.
El escandaloso manejo administrativo en Petropar está cada vez más expuesto, menos para la Contraloría General de la República y anticorrupción del Ministerio Público.
Decreto mediante, el 3 de junio, se liberó a los emblemas de comprar a Petropar; sin embargo Samudio firmó contrato con “Monte Alegre S.A.”, firma del asesor y amigo de Mario Abdo Benítez para la provisión de 7,5 millones de litros combustibles a un precio preferencial a sabiendas ya que en unos días más subía.
Además, transfirió millones de dólares a bancos privados, pero lo negó. “Nunca hice ninguna transferencia a ningún banco privado. Esas transferencias no las hice. Yo ni siquiera tenía autorización de firma para ese efecto”, dijo Samudio.
La verdad es otra y está probada en documentos firmados por ella misma el 4 de setiembre de 2018 referente a una “solicitud de autorización para realizar transferencias entre cuentas corrientes”.
El visto bueno y firma de la presidente de la compañía disponía la trasferencia, violando de esta manera la Ley del Presupuesto General de la Nación en ejercicio (2018), que establece que los recursos de instituciones públicas deben ser depositados en el Banco Nacional de Fomento.
Compró gas de un competidor local a mayor precio; determinación tomada a días de haber asumido. Dijo que hubo compra vía licitación pública; sin embargo en la documentación de la empresa se observa como mínimo un stock de gas licuado de petróleo (GLP) para 30 días. Esto considerando que el consumo mensual de las 150 estaciones de servicios, que operan con Petropar, es en promedio 1.000 toneladas de GLP.
Esto le daba un margen de días suficientes para adquirir de los proveedores habituales –Argentina y Bolivia- debido a que tarda uno poco más de una semana la llegada al país del producto; pero Samudio entendió que no había tiempo y ordenó compra interna con un costo mucho más elevado.
