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MINGA PORÁ, Alto Paraná. – El fiscal Víctor Santander presentó acusación contra cinco implicados en el supuesto ataque y destrucción de una comunidad indígena en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Fue como conclusión de una investigación por coacción grave, producción de riesgos comunes, detentación y violación de Ley de Armas.
El representante del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral. Entre los acusados figuran el gerente de Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (INPASA), Roberto de Souza André; el abogado de la firma, Marcos Javier Torales Paniagua, el hijo de éste, Marcos Torales Alcaraz; además de Ismael Barrios, empleado de la empresa, y Luciano Villalba, el anterior líder de la comunidad, quien vendió irregularmente y sin ningún documento la tierra a la referida alcoholera.
El atropello se produjo el 8 mayo del presente año, siendo las 13:00 horas aproximadamente, oportunidad en que los hoy acusados ingresaron violentamente a la comunidad Ysatí, armados con fusiles, rifles y escopetas y derribaron la escuela básica número 7.698 “Kara’i Poty”. Al día siguiente, los acusados y otros hombres fuertemente armados destruyeron 15 viviendas de los nativos y le prendieron fuego.
Además, los atacantes realizaron disparos con todo tipo de armas de fuego que pusieron en riesgo la integridad física de mujeres embarazadas y niños que se encontraban allí. Asimismo, destruyeron totalmente cultivos de autoconsumo con pesadas maquinarias que casi de inmediato empezaron a remover la tierra preparando nuevos cultivos ya de la firma Inpasa.
Según la investigación fiscal, Luciano Villalba fue el anterior Cacique de la comunidad tomada por asalto y el mismo habría llegado a un acuerdo económico con el abogado Marcos Torales para que los miembros de la comunidad abandonen el lugar.
Sin embargo, los actuales líderes del lugar Filemón Vázquez Vargas y Simón Benítez Medina y los demás ocupantes se negaron a salir del sitio, radicaron la denuncia contra los responsables del ataque criminal y presentaron documentos que acreditan que el inmueble pertenece a la comunidad nativa. Los mismos declararon que hace más de 15 años que ocupan el inmueble.
Una comitiva fiscal-policial, encabezada Adolfo Santander, intervino en la comunidad nativa, recogió varias evidencias, y en base a estos elementos el representante público presentó primeramente la imputación y ahora la acusación contra los responsables del ataque criminal.
