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Presentan libelo acusatorio para abrir juicio político al contralor

José Enrique García.
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Los colorados presentaron ayer el libelo acusatorio contra el contralor general de la República, Enrique García, iniciándose así el proceso para el juicio político. El mismo está fundamentado en la imputación fiscal y es por mal desempeño en sus funciones. Clemente Barrios, responsable de la elaboración del documento, dijo que García “perdió la moral, dejó de ser confiable para proteger la cosa pública y debe irse”. El escrito será remitido a comisiones y mañana miércoles se podría aprobar. El proceso contra el contralor está en el juzgado a cargo de la magistrada Lici Sánchez, quien ya solicitó el desafuero del mismo.

 ASUNCIÓN.- El líbelo acusatorio contra el contra­lor general de la República, Enrique García, tiene como base la misma imputación firmada la semana pasada por el fiscal Leonardi Gue­rrero. Desde ayer, se echó a rodar el proceso de juicio político en la Cámara de Di­putados, por mal desempeño en sus funciones. Paralela­mente, la jueza Lici Sánchez solicitó su desafuero para someterlo al proceso judi­cial. El diputado Clemente Barrios adelantó que “este documento es la base misma y que encuadra el mal des­empeño de sus funciones del contralor García”. El líbelo fue entregado en la tarde de ayer en Diputados.

Barrios, líder de la ban­cada cartista, explicó que “la imputación de García es una de las principales causales de juicio político” y recordó que el anterior contralor Rubén Velázquez (UNACE) “se fue por mucho menos”.

La jueza Lici Sánchez firmó el pedido de desafuero para iniciar su procesamien­to. Barrios apuntó que “con­siderando que fue procesado y además se tiene el pedido de desafuero presentado por una magistrada ha perdido autoridad moral y se suma a eso el constante rechazo de todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y también el abu­so de autoridad que cometió con los viáticos y la contra­tación de una profesional como asesora”, dijo el con­gresista. En este momento se están juntando las firmas de diputados para oficializar la presentación de la acusación. “Tenemos asegurado 46 vo­tos de los 53 que se precisan de 80 totales”.

Apuntó Barrios que “esta es decisión que se tomó el miércoles pasado y ahora estamos cumpliendo los re­quisitos que nos señala la Constitución Nacional: pre­sentar el escrito de acusación y resolución acompañado de 20 firmas de colegas diputa­dos”.

García fue imputado por uso de documento público de contenido falso. Fue por no apelar el fallo que con­denó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.

 IMPULSO

El proceso de juicio po­lítico al Contralor General de la Republica, Enrique García, recibió y fuerte es­paldarazo de un centenar de intendencias, acompañados de sus gobernaciones. Un le­gajo importante conteniendo la preocupación de los muní­cipes fue entregado a Pedro Alliana, presidente de Dipu­tados. “He dispuesto una re­unión de urgencia con todas las bancadas para determinar un juicio político; esta situa­ción se está agravando en el funcionamiento de la Contra­loría, y su titular ha perdido totalmente la credibilidad ante los organismos que el mismo debe controlar”, dijo Alliana sobre el particular.

Asimismo, aseguró que una persona que tiene ante­cedentes como el contralor no puede ejercer “la alta ma­gistratura”, destacó el presi­dente de Diputados.

 FUNCIONARIOS TAMBIÉN LO DENUNCIARON POR CORRUPCIÓN

Los funcionarios Contraloría General de la República presentaron una denuncia contra el titular del ente, Enrique García, por la presunta comisión de irregula­ridades. La nota fue elevada a la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez. Entre los hechos mencionan un supuesto desvío de dinero, falta de rendición de cuentas por viajes al exterior, entre otros. En el escrito, los funcionarios señalan que el contralor autorizó la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para elaborar el manual de funciones de su gabinete, que solo está integrado por 3 funcionarios. Por este trabajo, la institución pagó la suma de G. 108 millones.

Explican en el documento que el contrato finalizó en el mes de noviembre del año pasado; sin embargo, no existe do­cumento alguno que avale la realización del trabajo, ni ha sido socializado entre los funcionarios de la institución, tal como se realiza cada vez que es emitido un documento de este tipo. Además, llamativamente en el escrito los funcionarios indican que Martínez Irigoitia en el mismo mes de noviem­bre fue nombrada como directora de Gabinete de García. Los denunciantes mencionan que existe una dirección general de planificación e informes, responsable de elaborar la estructura orgánica y funcional, y el manual de funciones de la Con­traloría, que actualmente está a cargo de Zulma Coronel de Hellman. Afirman que en estos momentos se encuentra en su etapa final la confección del manual de funciones de la Con­traloría, a cargo de la mencionada dirección, por lo que no se justifica el pago de los G. 108 millones.

Referente a los viajes al exterior, Miguel Von Schocher, del sindicato de funcionarios de la Contraloría, sostuvo que García y otras personas jurídicas fueron a hacer un curso a Es­paña por seis días, pero se quedaron 10 y cobraron viatico por estos días. Asimismo, sostuvo que hay muchísimos cargos nuevos en la estructura que creó el contralor y que modifica constantemente para crear nuevos cargos.

 INTENTO DE SOBORNO

Además de la causa que enfrenta Enrique García, exdirector jurídico de la Intendencia de Asunción, hoy contralor general de la República.

Hay también un posi­ble intento de soborno para cambiar la fecha de presen­tación de la apelación de la Municipalidad en el caso Ivesur.

García enfrenta un jui­cio político en la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño de funcio­nes por este caso contra la Intendencia.

ENCARGÓ A ORDENANZA

De ab­solutamente irresponsable, calificó el fiscal Leonardi Guerrero al contralor Enri­que García, quien “dejó en manos de un ordenanza de la Dirección Jurídica de la Intendencia de Asunción la apelación del fallo que con­denó a la administración Ferreiro al pago de US$ 3,6 millones a la firma Ivesur”.

Guerrero se mostró sor­prendido por la actitud del hoy contralor general de la República (CGR) y agregó que “no se puede entender lo que hizo, como es que el doctor Enrique García dejó a cargo de un auxiliar de la Asesoría Jurídica la presen­tación de la una apelación”.

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