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La queja por la injerencia de la clase política y, especialmente, el gobierno, en la Justicia lleva siglos, sin que hasta ahora nadie haya hecho nada al respecto. A pesar de que todos los candidatos prometen consolidar una Justicia independiente, lo cierto es que ni bien ganan elecciones, hacen más de lo mismo, presionar, acosar y amenazar a fiscales y jueces para que actúen en beneficio de ellos mismos o su entorno cercano.
Pero hasta ahora han intentado, por lo menos, guardar algún tipo de forma, aunque eso a la larga no afecte el resultado final, sino que logra que se conserve algo de la imagen de que los poderes del Estado funcionan de manera coordinada, pero independientes unos de otros.
Pero este caso del diputado Ulises Quintana, absolutamente desconocido hasta setiembre del año pasado, ya superó todos los límites permitidos. La presión descarada del Movimiento Colorado Añetete –el del presidente- para que la Fiscalía cambie la carátula de su expediente y el magistrado de la causa le decrete prisión domiciliaria es escandalosa y demuestra una descarada desfachatez del nuevo oficialismo colorado.
Desde el vicepresidente de la República, pasando por el presidente del Congreso y llegando hasta la líder añetete de la Cámara de Diputados, ninguno ha disimulado siquiera su abierta intención de injerir en la Justicia, haciendo lo que fuere para conseguir que Quintana salga de la prisión de Viñas Cué y obtenga medidas sustitutivas. Y eso que no mencionamos a los seccionaleros del Alto Paraná, todos añetete, que con manifestaciones, abucheos y escraches pretenden conseguir lo mismo, la libertad de un personaje que, si no fuera por su relación con el presunto narco Reinaldo Cabaña, alias Cucho, pasaría prácticamente desapercibido en la Cámara de Diputados.
Lo más increíble es que le presentan como perseguido político, cuando que son ellos, y es él, quienes pertenecen al movimiento que en este momento está en el poder, y bien que hacen gala de ello, como si no se hubieran enterado de que las víctimas de persecución política pertenecen a la minoría, la oposición, y no al oficialismo.
De Quintana se empezó a hablar cuando se lo asoció con Cucho en el tráfico de drogas, y cuando surgieron algunos indicios de que el capomafioso habría contribuido a la campaña, no solo del diputado sino también del mismo presidente de la República. Con estos antecedentes, parecería más bien obvio que el Ejecutivo haga todo lo posible por desmarcarse de este personaje que podría meter en graves problemas al jefe de Estado si alguien recoge el guante y decide investigar el financiamiento político de su campaña.
Puede que el presidente piense lo mismo, por eso se mantiene bastante callado, pero su copiloto, el exfiscal Velázquez, resulta que es uno de los abanderados de la causa que busca la libertad de Quintana sin percatarse de que hay amistades de las que conviene más estar alejadas, mucho más en el mundo político y electoral.
Hasta ahora, no les salieron las cosas, a pesar de la presión y del poder que están ejerciendo de manera descarada. Pero el juez Humberto Otazú, quien ratificó la prisión preventiva para el abdista, ya fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Descarados y chambones, así se están mostrando los añetete que pretenden convertir a un abogaducho de narcos en un héroe. Lamentable.