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ASUNCIÓN.- El diputado liberal Edgar Ortiz presentó un proyecto de ley que pretende modificar una normativa que data del año 1970, referente al régimen penitenciario. La normativa establece la separación de los internos que guarden prisión preventiva y los que ya recibieron una condena. Estos últimos deberán ser enviados a los sitios más alejados de los centros urbanos y comunidades, donde producirán la mitad de sus alimentos.
Según la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, Soledad Villagra, actualmente, de cada diez personas recluidas en penitenciarías del país, ocho están sin condena. En el caso del penal nacional de Tacumbú, allí están 3.600 personas, de las cuales solo el 30 % posee condena, es decir, tres de cada 10 reos.
Para el legislador Ortiz, una nueva ley es necesaria por el hacinamiento donde conviven los condenados y los procesados, siendo que estos supuestamente son inocentes. La idea planteada es que los que estén condenados sean enviados a un lugar alejado de los conos urbanos y además, produzcan el 50 % de sus alimentos (frutas y hortalizas), para que no sean una carga para el Estado.
“No tenemos por qué pagar el 100 % a gente que mató y secuestró. Si no quieren trabajar, que pasen hambre, porque la cárcel no es un hotel”, apuntó Ortiz. Indicó, además, que lo único que hacen es “realizar llamadas de chantajes”. El objetivo del congresista liberal es enviarlos en la lejana localidad de Lagerenza o a la exprisión militar de la isla de Peña Hermosa.
