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CIUDAD DEL ESTE.- Dr. Eduardo González, abogado de la Familia Zacarías, durante una conversación con La Nueva 107.7 de Ciudad del Este, explicó que evidentemente la intención de los concejales de la capital del Alto Paraná es repartirse el municipio como ellos quieren, inclusive ya hicieron correr a través de audios cuáles son sus verdaderos objetivos.
“Acá la cuestión es que si no le aceptan la renuncia a Sandra McLeod, ella sigue siendo la intendenta, pero de acuerdo a la intervención, está suspendida en el cargo, una vez que termine la investigación debe volver a ocupar su lugar hasta tanto la Cámara de Diputados estudie el resultado de la intervención. La cuestión es que los concejales quieren apretar el tema hasta el 18 de diciembre, de tal manera a no convocar a elecciones y elegirse entre ellos al próximo intendente”, aseguró el letrado.
Manifestó que, desde el inicio, el proceso fue totalmente irregular, “anteayer estuvimos acompañando a la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías y dentro de sus facultades personales había presentado su renuncia con el objeto de evitar que, según la situación que se presentaba, algunas personas sean perjudicadas en su integridad física y que se convoque a elecciones”, dijo el Dr. González.
Según el abogado, lastimosamente la Cámara de Diputados, por una cuestión política, de igual manera llevó adelante la intervención y asumió la administración la interventora, Carolina Llanes, como así también, la intendenta presentó la desestimación a su renuncia a los efectos de que ella también pueda ejercer su defensa, ya que el artículo 7 de la Ley 317 habla de la intervención de los municipios y gobernaciones. Este reglamento permite nombrar a tres representantes y a varios asesores a los efectos de acompañar el proceso de intervención.
Agregó que hay varias cuestiones que llaman la atención, “con el equipo que estamos trabajando, el Dr. Ariel Martínez, Bernardo Villalba y el Dr. Guillermo Sosa (ex ministro del Trabajo), fuimos junto a la interventora y observamos que están varias personas interesadas políticamente, lo que demuestra que no existe objetividad en el procedimiento”, lamentó el abogado.
Asimismo, González destacó que la interventora se rige exclusivamente por los 15 puntos denunciados por los ediles, mientras que la Cámara de Diputados desestimó algunos de ellos. Subrayó que, según el artículo 6, inciso D, de la ley 317, para que funcione con normalidad la Municipalidad, debe investigar los puntos de la intervención. Sin embargo, en la resolución de Diputados no establece la causal de la intervención y el mismo error comete el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, también el Dr. González señaló que será muy difícil el trabajo de la interventora, ya que los documentos están esparcidos por varias instituciones como la Contraloría, Tribunal de Cuenta, entre otras.
