ADN Digital
A pesar de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, hay veces en que sentimos que hay sectores que insisten en que sigamos siendo un país en joda, en donde las leyes funcionan solo cuando benefician al sector que tiene o quiere tener el poder, y son ignoradas cuando implican cuestiones que no son de su agrado.
Si un sector político considera que el Poder Judicial no funciona, no puede recurrir a él para definir alguna cuestión jurisdiccional. Desde el momento en que lo hace, está aceptando de manera bien clara que tiene la confianza suficiente como para aguardar una sentencia. Salvo que sus integrantes sean tan delirantes que pretendan actuar de manera diferente si la sentencia es favorable o no a sus pretensiones.
Eso fue lo que pasó con la oposición, especialmente con el PLRA. Ellos recurrieron primero a la Justicia Electoral, intentando la impugnación de la candidatura de Horacio Cartes al Senado; la respuesta fue negativa en las 2 instancias. Así que apeló la decisión ante el máximo tribunal de la República, el único habilitado para interpretar la Constitución, la Corte Suprema de Justicia; y la respuesta fue, nuevamente, negativa.
Hasta aquí, el procedimiento de la oposición fue impecable. Sus apoderados cumplieron a pie juntillas lo que disponen la Constitución y las leyes, y respetaron el debido proceso. Pero a partir de este momento empezó el despelote, porque, había sido, ellos siguieron el procedimiento constitucional porque estaban convencidos de que la Justicia les daría la razón e impedirían que Cartes pudiera asumir como senador de la Nación.
Como eso no ocurrió, lo que hicieron fue romper el papel y decir que no pensaban obedecer, como si eso alguna vez, el acatamiento a una sentencia de la Corte hubiera sido opcional. Dicen que pueden desobedecer porque la decisión no se basa en la Constitución, como si ellos se hubieran convertido en intérpretes de la Carta Magna, algo que está reservado de manera exclusiva y excluyente, justamente a la Corte Suprema de Justicia.
Dicen también que esto ocurre porque la Justicia tiene injerencia política. De acuerdo. Pero así es como funciona ahora. Si se quiere cambiar su forma de integración, hay que convocar a una constituyente y cambiar la Constitución. Mientras esto no ocurra, la sentencia del máximo tribunal es clara y está absolutamente vigente.
Y así están, convocando sesiones y haciendo chúmbale a la ciudadanía para que se oponga, como fuere, al juramento de Cartes. Lo único que van a lograr, de nuevo, es crispar los ánimos, algo en lo que se volvieron expertos luego del escándalo que armaron el año pasado con el tema de la enmienda.
No hay ningún impedimento para que Cartes pueda jurar como senador de la Nación. Lo habilitó la Justicia Electoral primero, lo habilitó la Corte Suprema después, fue electo por el pueblo el 22 de abril pasado y ayer fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Si los liberales y algunos añetete insisten en desconocer estos hechos y evitar que pueda renunciar a su cargo en la Presidencia y jurar como senador, son ellos los que están, clara y abiertamente, atentando contra el Estado de Derecho y la Constitución Nacional. Es momento de hablar claro.
A ver señores, dejen de actuar como bárbaros y respeten la voluntad popular, principio sagrado del sistema democrático.